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A casi cuatro años de la implementación del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, el debate sobre sus efectos sigue abierto. Mientras algunos indicadores muestran una disminución de los ataques incendiarios, la incertidumbre y la violencia acumulada durante más de una década continúan dejando huellas en la actividad forestal, el empleo y el desarrollo regional.
Así lo plantea la edición N°61 del Boletín Regional del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD, titulada "Inseguridad en la Macrozona Sur y su impacto en la industria forestal", que analiza cómo este escenario ha afectado a uno de los sectores productivos más relevantes del sur del país.
El informe constata que, entre enero de 2019 y enero de 2024, se registraron 629 ataques incendiarios en la zona, con pérdidas estimadas en 124 millones de dólares.
La mitad de los inmuebles destruidos correspondió a viviendas o cabañas, mientras que un 30% afectó a galpones, evidenciando la extensión del daño más allá de las grandes empresas.
Sin embargo, más allá de las cifras de violencia, el impacto se refleja con mayor claridad en la evolución de la actividad productiva.
La industria forestal es uno de los principales sectores exportadores de la región del Biobío y uno de los pilares económicos de La Araucanía. Solo entre 2018 y 2025, las exportaciones forestales del Biobío alcanzaron cerca de 38 mil millones de dólares; pese a ello, los indicadores muestran un deterioro sostenido.
El Boletín Regional de Faro UDD plantea que, entre 2016 y 2023, la plantación anual en el Biobío disminuyó un 11%, mientras que la producción de madera aserrada cayó un 38%. En La Araucanía, el panorama es aún más complejo: la superficie plantada se redujo un 32% entre 2019 y 2023, y la producción de madera aserrada bajó un 23% en el mismo periodo.
A esto se suma el cierre de 59 aserraderos en ambas regiones, lo que evidencia una contracción estructural del sector.
Para la economista e investigadora de Faro UDD, Viviana Véjar, este escenario responde a múltiples factores.
No obstante, advirtió que en los últimos años se han sumado otros elementos, como el contexto internacional. "Hoy la baja en exportaciones y producción también tiene que ver con la demanda externa, especialmente con la desaceleración de China, uno de los principales socios comerciales", señaló la experta.
El deterioro no ha sido uniforme. En el Biobío, la producción de madera aserrada se concentra en las provincias de Arauco y Biobío, pero entre 2013 y 2023 se registraron caídas de 24% en Arauco y de 68% en Concepción, mientras que Biobío tuvo una disminución marginal del 2%.
En La Araucanía, las diferencias son aún más marcadas. La provincia de Cautín alcanza una producción promedio de 787 mil metros cúbicos anuales, frente a apenas 99 mil en Malleco, donde -además- la actividad cayó un 52% en la última década.
Estas cifras reflejan no solo un retroceso productivo, sino también una creciente desigualdad territorial en el desarrollo del sector.
Uno de los efectos más visibles de esta contracción es el empleo. Entre 2016 y 2023, el trabajo en el sector forestal disminuyó cerca de un 38% en el Biobío y un 17% en La Araucanía.
Para los actores del rubro, el escenario por el que atraviesa la Macrozona Sur ha traído consecuencias directas, especialmente, en los trabajadores y en las zonas rurales.
Según explicó Muñoz, la inseguridad ha limitado incluso el acceso a zonas productivas. "Hay aproximadamente 100 mil hectáreas capturadas por grupos violentos; eso significa que no se pueden intervenir, porque es demasiado inseguro. Nosotros no vamos a exponer a nuestros trabajadores".
El presidente de Acoforag agregó que esta situación ha frenado el desarrollo local en comunas donde la actividad forestal era una de las principales fuentes de empleo. "Hoy, hay zonas completas donde no hay trabajo formal", advirtió.
El informe de Faro UDD también pone el foco en el sistema judicial. Según los datos analizados, solo cerca del 3% de las causas vinculadas a violencia rural termina en formalización y alrededor del 4% en condena. En contraste, aproximadamente el 80% de los casos se cierra sin perseverar en la investigación.
Para Véjar, este escenario refleja un problema institucional de fondo. "El hecho de que llevemos casi cuatro años con Estado de Excepción da cuenta de que el Estado, con sus herramientas normales, no ha logrado restablecer el orden", planteó la investigadora de la UDD.
En su opinión, la prolongación de esta medida excepcional termina perdiendo efectividad. "Un estado de excepción debiera ser acotado en el tiempo, pero cuando se vuelve la norma, pierde su sentido", advirtió.
No todos los actores del rubro forestal coinciden con el análisis del informe elaborado por Faro de la Universidad del Desarrollo. Desde el mundo de los contratistas forestales cuestionan el enfoque del documento.
"Las cifras no reflejan la realidad completa, porque no consideran el impacto en quienes estamos directamente en terreno", sostuvo Muñoz, quien criticó que el estudio se centre en infraestructura destruida y no en la actividad productiva.
Desde las pymes del sector, en tanto, se apunta a un problema estructural más amplio.
El presidente de PymeMad Biobío, Michel Esquerré, plantó que la inseguridad en la Macrozona Sur responde a un problema estructural que el Estado no ha logrado abordar de manera sostenida en el tiempo.
La falta de continuidad en las políticas públicas y la ausencia de acuerdos políticos transversales han impedido avanzar en una estrategia común que enfrente una crisis que combina factores históricos, territoriales y culturales.
En ese contexto, Esquerré sostuvo que uno de los nudos críticos radica en la incapacidad de generar una política integral que atienda las demandas de los pueblos originarios, particularmente en materias como la restitución de tierras y el reconocimiento cultural.
Esta deuda, planteó, ha permitido que el conflicto se prolongue y, en paralelo, que surjan grupos violentos que, sin representar necesariamente a la totalidad de las comunidades, se han posicionado como voceros de estas causas.
A juicio del representante gremial, la falta de presencia efectiva del Estado en ciertas zonas ha favorecido dinámicas de control territorial por parte de grupos violentos. En estos espacios, señaló, predominan la intimidación, el silencio y la impunidad, debilitando aún más las condiciones para el desarrollo productivo y la convivencia social.
Uno de los sectores más afectados es el forestal, cuya planificación productiva se proyecta a largo plazo. Con ciclos que pueden extenderse por más de 20 años entre la plantación y la cosecha, la incertidumbre generada por hechos de violencia ha frenado inversiones, reducido la actividad y limitado tanto la reforestación como la explotación de recursos. Esto, a su vez, repercute en el empleo y en la estabilidad económica de las comunidades locales.
Frente a este escenario, Esquerré planteó la necesidad de avanzar hacia un enfoque de política de Estado, inspirado en experiencias internacionales, que trascienda los gobiernos de turno y articule soluciones de largo plazo. La propuesta apunta a integrar las demandas de los pueblos originarios, las necesidades de los sectores productivos y la realidad de las comunidades que habitan estos territorios, con el objetivo de construir condiciones de paz y desarrollo sostenible.
En esa línea, el dirigente es crítico de las medidas implementadas hasta ahora, como los estados de excepción y el despliegue de fuerzas de seguridad, las que considera insuficientes para resolver el problema de fondo. Si bien reconoce su rol en el control inmediato de la violencia, advirtió que estas acciones tienden a mantener el conflicto en un estado de contención más que a solucionarlo.
"La paz no se construye solo con resguardo policial", sostuvo. A su juicio, el desafío radica en diseñar e implementar una estrategia que entregue certezas a todos los actores involucrados y permita avanzar hacia una convivencia basada en el respeto, la seguridad y el desarrollo equitativo de los territorios.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal, Heriberto López, explicó que el gremio que representa agrupa a conductores de carga, trabajadores de carretera, operarios de plantas forestales y personal vinculado directamente a faenas en el bosque.
Se trata de una red amplia de trabajadores que sostienen una parte clave de la cadena productiva forestal, pero que hoy desempeñan sus funciones en condiciones marcadas por la incertidumbre. "Cada vez es mayor el temor de ir a trabajar", advirtió, aludiendo a la exposición constante a hechos de violencia en los territorios.
Desde su perspectiva, el conflicto ha derivado en un escenario donde distintos actores buscan justicia por vías paralelas. Por un lado, el Estado impulsa procesos judiciales por atentados incendiarios, robo de madera y otros delitos que han afectado tanto a empresas como a infraestructura pública. Por otro, persisten demandas históricas de comunidades que reclaman la restitución de tierras y el reconocimiento de derechos que consideran vulnerados.
En medio de esa tensión, los trabajadores aseguran quedar atrapados en una posición intermedia. "Estamos en medio de esta trifulca", resume López, enfatizando que no representan ni a empresas ni a comunidades, sino a personas que dependen de estas labores para subsistir. Esta condición, señala, los obliga a evitar cualquier tipo de confrontación y a optar por una postura centrada en el diálogo.
En este sentido, insistió en que el llamado es a construir condiciones mínimas de convivencia que permitan garantizar el libre tránsito y el acceso seguro a las faenas. Sin embargo, advirtió que los episodios de violencia suelen tener efectos colaterales que recaen directamente sobre el transporte forestal y las operaciones productivas. "Cuando hay detenciones o procesos judiciales, las reacciones no se dirigen a los tribunales, sino a los territorios. Y ahí estamos nosotros", afirmó López.
La persistencia del conflicto ha obligado al sector a modificar sus dinámicas de trabajo. Entre las medidas adoptadas destacó el evitar desplazamientos nocturnos y restringir el acceso a zonas consideradas de mayor riesgo. Estas decisiones, muchas veces coordinadas con empresas del rubro, reflejan un intento por reducir la exposición en un contexto donde, aseguran, las garantías de seguridad siguen siendo insuficientes.
Si bien López reconoció que la presencia de fuerzas policiales y militares, junto con los estados de excepción, ha contribuido a disminuir la cantidad de atentados; sin embargo, fue enfático al expresar que estas medidas no resuelven el problema de fondo. "Esto no se resuelve solo con presencia policial. Se necesita diálogo y acuerdos entre el Estado y las comunidades", puntualizó el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal.
A juicio del dirigente, el escenario actual está lejos de permitir una normalización de las actividades como ocurría décadas atrás, agregando que esta realidad ha sido internalizada por los trabajadores, quienes continúan desempeñando sus labores bajo condiciones de riesgo controlado, pero persistente.
Pese a ello, desde el gremio insisten en una postura clara: no alinearse con ningún sector en conflicto, sino resguardar el derecho a trabajar. "Lo único que buscamos es poder trabajar con seguridad, pero hoy ni el Estado ni las medidas actuales lo garantizan completamente", señaló.
Frente a este escenario, el informe propone avanzar en una estrategia integral que combine seguridad, justicia y desarrollo económico.
Entre las medidas planteadas destacan el fortalecimiento de la capacidad investigativa, una respuesta judicial más rápida y efectiva y la implementación de programas de reparación para las víctimas, como subsidios de reconstrucción, exenciones tributarias y acceso preferente a crédito.
Asimismo, destaca la necesidad de una estrategia de desarrollo territorial de largo plazo que promueva la inversión, la diversificación productiva y mayores oportunidades para las comunidades locales.
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