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La entrada en vigencia de la Ley Jacinta marca un punto de inflexión en la normativa de tránsito en Chile. El nuevo marco legal introduce exigencias más estrictas para la obtención de la licencia de conducir, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes asociados a condiciones físicas o psíquicas incompatibles con la conducción.
La normativa, impulsada a nivel nacional, redefine criterios en materia de tránsito, seguros obligatorios y derechos laborales, estableciendo un estándar más alto de responsabilidad para quienes se ponen al volante.
Uno de los cambios centrales que incorpora la Ley Jacinta es la obligatoriedad de una declaración jurada al momento de postular a la licencia de conducir. Este documento, informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) a través de sus canales oficiales, exige que el solicitante certifique no padecer enfermedades o condiciones que limiten su capacidad para manejar de forma segura.
La declaración jurada se transforma así en el eje de la nueva legislación, reforzando el principio de responsabilidad individual. La ley establece que, en caso de falsear u omitir información relevante y verse involucrado posteriormente en un siniestro vial, el conductor arriesga sanciones graves, que pueden llegar incluso a la cancelación definitiva de su licencia.
La Ley Jacinta también contempla la implementación de un reglamento oficial para evaluar la idoneidad física y psíquica de quienes solicitan el permiso de conducir. Este proceso busca asegurar que las personas cuenten con las condiciones necesarias para enfrentar de manera segura la conducción en la vía pública.
A ello se suma una actualización en el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), con un aumento en las indemnizaciones en casos de fallecimiento o incapacidad permanente. La medida amplía la cobertura de gastos médicos y entrega mayor protección económica a las familias afectadas por accidentes de tránsito.
El estatuto legal incorpora además modificaciones en el ámbito laboral, ampliando los fueros por fallecimiento de hijos, cónyuges o convivientes civiles. En estos casos, la ley otorga un mes de protección laboral, tanto para trabajadores con contratos a plazo fijo como indefinidos.
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