Mediante escritos formales, los deudos cuestionaron el estancamiento del caso y apoyaron la moción legislativa que busca imponer una cautelar obligatoria en delitos viales asociados al consumo de alcohol o drogas.
Úrsula González González falleció en diciembre de 2024 en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Q-61R, caso que aún se mantiene en etapa previa al juicio oral. / Cedidas
La familia de Úrsula González, quien perdió la vida hace un año tras un accidente de tránsito provocado por una conductora en estado de ebriedad, envió cartas formales a la Fiscalía y a la Cámara de Diputadas y Diputados, con las que exigen el cumplimiento de los compromisos procesales pendientes y piden su apoyo a la reforma legal que busca establecer la prisión preventiva obligatoria en casos de siniestros fatales asociados al consumo de alcohol o drogas.
Pese a que el plazo de investigación concluyó en septiembre de 2025, el proceso penal continúa detenido, situación que ha generado una profunda angustia e impotencia en la familia de la víctima.
La situación fue expuesta formalmente por la familia de Úrsula González a través de una carta dirigida al fiscal adjunto de Los Ángeles, Juan Carlos Vargas, en la que se cuestiona el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio Público.
La misiva, fechada el 11 de diciembre de 2025, recuerda que la investigación penal tenía un plazo original de nueve meses, el cual concluyó en septiembre del mismo año, sin que hasta ahora se haya presentado la acusación formal ante el Juzgado de Garantía correspondiente.
"Yo, Vania González González, hermana de Úrsula Francia de Lourdes González González (Q.E.P.D.), me dirijo a usted en nombre de mi familia y con un dolor que no se extingue, sino que se vuelve más profundo con cada día de espera sin respuestas. Hace un año que perdimos a Úrsula en un hecho absolutamente evitable, ocurrido el 8 de diciembre de 2024. Un año desde que nuestra familia quedó quebrada para siempre. Durante todo este tiempo, hemos intentado confiar en que las instituciones avanzarían con la celeridad que merece una causa donde se ha perdido una vida", se lee en el escrito.
Tras ese planteamiento inicial, la carta profundiza en el impacto que la prolongación del proceso ha tenido en la familia, particularmente ante la falta de información clara respecto del estado actual de la causa.
"Hoy, el plazo de investigación ya está terminado, y aun así no existe la acusación presentada, ni movimiento alguno que justifique esta demora. Esta falta de avance nos genera profunda angustia, impotencia y la sensación devastadora de que la muerte de Úrsula sigue siendo invisibilizada", plantea su emisora.
Familia de Úrsula González.
La familia solicita que se adopten medidas concretas para destrabar la causa, tanto en términos de información como de acción procesal.
"Pedimos que se informe a esta familia el estado real y actualizado de la causa y se presente sin más dilación el libelo acusatorio, considerando que el plazo de investigación ya concluyó y que existe un compromiso previo por parte del Ministerio Público. No pedimos nada extraordinario. Pedimos justicia, que el proceso avance y que la muerte de Úrsula no quede atrapada en la inercia. Esperamos una respuesta pronta y distinta del silencio de estos meses", finaliza.
Paralelamente, la familia de Úrsula González remitió una segunda carta, con fecha 15 de diciembre de 2025, a la Cámara de Diputadas y Diputados, enfocada en el ámbito legislativo, en la que manifestó su respaldo formal al proyecto de ley que propone establecer la prisión preventiva obligatoria para imputados por conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas con resultado de muerte.
La iniciativa, conocida como "Ley Úrsula", fue presentada el 20 de mayo de 2025 por la diputada Flor Weisse y contempla una modificación a la Ley de Tránsito para aplicar dicha medida cautelar durante el período de investigación.
En el documento, la familia sostiene que la normativa vigente resulta insuficiente frente a la gravedad de este tipo de hechos y plantea la necesidad de una señal clara por parte del Estado.
"La conducción en estado de ebriedad no es un error: es una conducta consciente que pone en riesgo la vida de terceros. Cuando ese riesgo se concreta en la pérdida de una vida, el Estado tiene el deber de responder con herramientas legales que aseguren protección, prevención y justicia; labor que les compete directamente a ustedes hoy", afirman los deudos.
Familia de Úrsula González.
Desde la perspectiva de los familiares, el objetivo de la reforma no es debilitar garantías procesales, sino fortalecer el marco legal para reducir la disparidad de criterios y establecer un estándar mínimo de protección para la sociedad y las víctimas.
"No solicitamos nada irracional ni contrario a derecho, sino una respuesta legal que esté a la altura de la gravedad del hecho y del tipo penal involucrado. No pedimos vulnerar garantías, sino fortalecer la legislación para evitar decisiones dispares y asegurar un estándar mínimo de protección a la sociedad y a las víctimas, fortaleciendo esas mismas garantías. Pedimos que su muerte no sea en vano y que avancemos, con responsabilidad, hacia una legislación más clara, más firme y justa", finaliza el escrito.
Inicio de la tramitación legislativa de la Ley Úrsula
El debate legislativo de la denominada Ley Úrsula se inició ayer martes 16 de diciembre en la Sala Juan Bustos del Congreso, en Valparaíso, durante una sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, instancia en la que comenzó su discusión parlamentaria.
La sesión se extendió entre las 17:30 y las 19:30 horas y correspondió al primer trámite constitucional de la iniciativa, la cual es copatrocinada por las diputadas y diputados Yovana Ahumada, Sara Concha, Felipe Donoso, Camila Flores y Flor Weisse, esta última en calidad de autora del proyecto.
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