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Entre goteras, robos, mala iluminación y un edificio que "se cae a pedazos", comerciantes y emprendedores del recinto acusan una falta total de gestión por parte de la administración del lugar.
Claudio, uno de los locatarios y dueño del gimnasio ubicado en el subterráneo del centro comercial, explicó a La Tribuna que la situación llegó a un punto límite.
Según los comerciantes, el panorama es crítico: no hay guardias, no funcionan las cámaras de seguridad y los robos se han vuelto frecuentes. A eso se suma la falta de aseo y el deterioro estructural.
Los locatarios aseguran que pagan sus gastos comunes —montos que pueden llegar hasta los 700 mil pesos mensuales, dependiendo del local— pero no ven ninguna inversión a cambio.
Claudio incluso relató que se le quemaron dos luces LED debido a filtraciones de agua, y aunque la administración le prometió cubrir el gasto, finalmente se negó cuando conoció el monto de la reparación. "Cuando supieron que cada una salía 250 mil pesos, dijeron que no había plata".
Ante la falta de respuesta, los locatarios organizaron una manifestación pacífica para este lunes al mediodía, donde esperan visibilizar lo que consideran una mala administración y un abandono completo del centro comercial.
"Estamos todos aburridos. Por eso queremos que algún medio nos escuche y que esto se difunda. Ya no queda otra", cerraron.
Consultado por La Tribuna, el administrador del Centro España, Orlando Rojas, aseguró que no tiene inconvenientes en aclarar cada uno de los puntos planteados por los locatarios, pero recalcó que para ello necesita que las denuncias sean concretas y formales.
Según indicó, lo que existe hasta ahora son "comentarios generales" que dificultan entregar respuestas específicas.
Respecto a la falta de seguridad y el aumento de robos, Rojas afirmó que no existen denuncias formales ingresadas por los propios afectados que permitan cuantificar o verificar esos hechos.
El administrador también respondió a la acusación sobre la ausencia de guardias, aclarando que el recinto cuenta con un vigilante contratado "hace más de 15 o 20 años", quien cumple un turno diario de ocho horas.
En cuanto a las cámaras de seguridad, aseguró que el proyecto para renovar el circuito cerrado ya fue cotizado por 15 millones de pesos y que la instalación debería comenzar durante la primera quincena de diciembre, una vez realizada la primera cuota de pago.
Rojas explicó que muchas de las dificultades se arrastran por un alto nivel de morosidad dentro de la comunidad, lo que limita la ejecución de mejoras estructurales:
Asimismo, aseguró que varias reparaciones sí se han ejecutado, particularmente tras los daños generados por las lluvias de invierno.
Según dijo, se cambiaron techumbres, se arreglaron filtraciones y se hicieron reparaciones en locales afectados, como tres peluquerías, el local de WOM y dependencias de AFP Provida, todo "conforme a lo solicitado por los propios arrendatarios".
Sobre las supuestas "propuestas de mejora" que no habrían sido consideradas, el administrador fue tajante: "Si alguien tiene una propuesta formal, con presupuesto de contratista y detalles técnicos, que la muestre. Hasta ahora no existe ningún documento presentado".
El representante adelantó que el directorio —al cual él responde, enfatizó— ya trabaja en coordinar una asamblea general, solicitada por los mismos locatarios, para abordar punto por punto las inquietudes que se planteen.
Finalmente, reiteró su disposición a reunirse personalmente con los afectados y a entregar toda la documentación disponible que respalde la gestión administrativa.
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