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Así lo confirmó Hedson Díaz, seremi de Desarrollo Social y Familia, quien entregó un balance regional del Plan Protege Calle, en el que destacó tanto la magnitud de los recursos invertidos como la respuesta positiva de los beneficiarios.
En términos generales, el programa dispuso de 465 camas en distintos dispositivos de alojamiento —entre hospederías y albergues— que alcanzaron un 97% de ocupación, reflejo de la alta demanda y de la efectividad de las medidas implementadas.
A ello se suma una inversión superior a los $1.213 millones, con la cual se financiaron más de 38.000 prestaciones. Estas van desde alimentación y kits de aseo hasta intervenciones directas en el territorio, a través de rutas sociales y médicas.
"Estamos hablando de un esfuerzo importante, que se traduce en acciones concretas para resguardar la vida de quienes más lo necesitan. Los dispositivos han estado en funcionamiento de manera constante y las personas han respondido al llamado, participando activamente de los espacios habilitados", explicó el seremi.
Uno de los puntos más relevantes del balance fue la aplicación del Código Azul, mecanismo de emergencia que se activa cuando las temperaturas bajan de los 0° o se combinan lluvias con frío inferior a los 5°.
En lo que va del año, la comuna de Los Ángeles registró 30 activaciones, cifra que supera con creces a la del año pasado. "Esto demuestra que hemos vivido un invierno más crudo de lo habitual, y que el dispositivo ha debido activarse reiteradamente para salvar vidas", detalló Díaz.
El Código Azul ha implicado no solo abrir albergues temporales, sino también coordinar a la Delegación Presidencial y a equipos especializados para salir al encuentro de las personas en calle, entregándoles abrigo, alimentación y un lugar seguro donde resguardarse de las inclemencias climáticas.
El seremi enfatizó que si bien el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lidera esta política pública, el trabajo requiere de la colaboración de varias instituciones y actores locales.
De cara al futuro inmediato, el compromiso es mantener activas estas medidas mientras persistan las bajas temperaturas.
"El Código Azul es un dispositivo de emergencia, y se seguirá aplicando cada vez que las condiciones lo ameriten. Lo esencial es no bajar la guardia y garantizar que nadie quede expuesto al riesgo de perder la vida por el frío", concluyó Díaz.
Con estas acciones, la provincia de Biobío demuestra que la protección social, más allá de las cifras, se traduce en un impacto directo en la calidad de vida y en el cuidado de la dignidad de los vecinos más vulnerables.
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