Regístrate en nuestro newsletter
De acuerdo con los testimonios, la sustancia habría sido distribuida con el propósito de eliminar a las mascotas, consideradas una molestia por sus ladridos.
El hecho generó preocupación en la comunidad y abrió un debate sobre la capacidad de reacción de las autoridades en este tipo de situaciones.
Gary Parra, activista animalista, no duda en calificar lo ocurrido como un crimen. Según su relato, existen pruebas que apuntan a un vecino, quien habría amenazado previamente a través de un grupo de WhatsApp con acabar con los perros porque "molestaban con los ladridos".
Parra critica duramente la respuesta del municipio, desde donde le indicaron que no podían intervenir jurídicamente porque el hecho ocurrió en un recinto privado.
En ese sentido, pide que la Municipalidad se haga parte de una querella para que el caso avance de manera concreta y se siente un precedente ejemplar sobre las consecuencias de provocar daño a un animal. A su juicio, no basta con una simple denuncia presentada ante la Fiscalía o la Policía de Investigaciones por parte de los dueños de las mascotas.
"Una denuncia no tiene trascendencia. Una querella obliga a un fiscal a investigar y permite aplicar la Ley Cholito. Sin eso, el caso va a quedar archivado y mañana vamos a estar lamentando más muertes de mascotas", recalcó.
Consultada a través de su área de Comunicaciones, la Municipalidad de Los Ángeles prefirió no entregar declaraciones respecto a su eventual injerencia en el caso. Sin embargo, el concejal y médico veterinario Alejandro Cano reconoció la gravedad del hecho, aunque planteó matices respecto al rol del municipio.
Cano, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar que "la oficina municipal encargada de estas materias está al debe. Hay recursos suficientes para reforzar campañas de esterilización, vacunación y educación en tenencia responsable, pero seguimos viendo esfuerzos dispersos. Otras comunas han avanzado más rápido en este tema", señaló.
Los dueños de las mascotas envenenadas calificaron el hecho como un "crimen de odio", debido a los mensajes amenazantes enviados a través del grupo de WhatsApp vecinal.
Los animales presentaron vómitos, convulsiones y murieron en cuestión de minutos. Algunos niños del condominio fueron testigos de los episodios, lo que aumentó la angustia de las familias.
"Mi perro estaba sano y feliz. Queremos ayuda para los que cuidamos a nuestros perritos", relató uno de los vecinos afectados, que prefirió resguardar su identidad.
La comunidad teme además que el veneno aún permanezca en jardines o áreas comunes. "Es un riesgo latente, no solo para los animales, sino que también para los niños que juegan en el lugar", advirtió Parra.
Más allá de las limitaciones legales o administrativas, el caso reflotó un debate de fondo que ha resonado varias veces durante las últimas semanas en la provincia: la efectividad de la Ley Cholito y la necesidad de sanciones ejemplares en delitos de maltrato animal.
Mientras Gary Parra insiste en la urgencia de que la municipalidad se haga parte con una querella, el concejal Cano apunta a fortalecer la educación, las campañas preventivas y las denuncias formales. Por ahora, el municipio no se ha referido públicamente al tema.
Sin embargo, la pregunta que ronda entre los habitantes y quienes han repudiado el hecho es una sola: ¿quién protege realmente a los animales cuando son víctimas de maltrato, sea en un espacio público o privado?
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
