Una compraventa notariada por $7 millones se convirtió en una pesadilla para una familia del sector Millantú de Los Ángeles, cuando la camioneta Chevrolet D-Max 2018 que había adquirido resultó tener encargo vigente por robo.
El vehículo fue recuperado por Fiscalía y entregado al anterior propietario sin previo aviso a sus compradores, quienes perdieron tanto la inversión como los implementos forestales que habían instalado. El caso se mantiene en investigación tras seis meses sin respuestas oficiales.
Ariel Isla Fernández adquirió la camioneta el 13 de diciembre de 2024 con la intención de usarla en su trabajo en una brigada forestal. La adquisición se concretó tras una búsqueda por redes sociales y una revisión mecánica básica realizada en la capital provincial.
La compraventa fue gestionada por su hermana, Ruth Isla Fernández, quien contactó al vendedor del vehículo mediante una publicación en Facebook. La mujer que figuraba en el aviso fue identificada como Anita Esparza Sereceda, quien actuó como representante de Manuel Contreras Garrido, dueño legal de la camioneta según consta en el contrato notariado.
El trámite se concretó en Los Ángeles, donde ambas partes firmaron y se entregó el dinero en efectivo. Tras la compra, Ariel trasladó el vehículo hasta su domicilio en Millantú y comenzó a acondicionarlo con equipamiento forestal, adhesivos, una radio y un estanque de agua, para prepararlo para sus labores en la brigada de emergencia.
Sin embargo, todo cambió el 2 de enero de 2025, cuando fue detenido en Laja por funcionarios policiales, debido a que la patente de la camioneta figuraba con un encargo activo por robo.
ENTREGA SIN AVISO Y PERJUICIOS FAMILIARES
El hecho más desconcertante, asegura la familia, ocurrió semanas después, cuando el antiguo dueño del vehículo, Manuel Contreras Garrido, logró recuperarlo sin previo aviso a los nuevos propietarios, mediante un documento oficial emanado por la Fiscalía de Chillán.
El vehículo fue entregado junto con los elementos personales y de trabajo instalados por Ariel Isla, sin que la familia pudiera retirarlos. A partir de ese momento, el vehículo ha permanecido en poder de su dueño original.
La situación no solo significó una pérdida económica. "Mi hermano pidió un préstamo para comprar esa camioneta. Se quedó sin vehículo, sin trabajo y con una deuda", señala su hermana. Además, la familia ha enfrentado estigmatización en la comunidad.
CAUSA PENAL VIGENTE
El 24 de marzo de 2025, el abogado Ricardo Bravo Jara presentó ante el Juzgado de Garantía de Chillán una solicitud de "entrega inmediata de vehículo motorizado" contra Manuel Contreras. No obstante, en una audiencia realizada el 17 de junio, el tribunal resolvió no dar lugar a lo solicitado por el tercerista y dejó en suspenso la declaración sobre el dominio del vehículo. Según los documentos oficiales obtenidos mediante el Poder Judicial, el tribunal indicó que por ahora no se puede establecer la propiedad a favor de Ariel Isla.
Paralelamente, el mismo día se ingresó una querella por receptación de vehículos motorizados contra Manuel Contreras en la Fiscalía de Chillán. Dicha acción judicial se incorporó a una causa ya existente iniciada el 19 de diciembre de 2024, cuando ingresó una denuncia vinculada a la misma camioneta. Fiscalía resolvió agrupar ambas investigaciones, pero según la familia, no ha habido avances.
LA DECISIÓN DE FISCALÍA
La familia Isla asegura no comprender cómo, en medio de las diligencias y con antecedentes pendientes de aclarar, la Fiscalía de Chillán autorizó la entrega del vehículo al antiguo dueño, sin previo aviso ni haber concedido una instancia para retirar los implementos instalados por Ariel.
Pese a que la camioneta fue adquirida mediante una compraventa notariada con todos los documentos al día, el Ministerio Público no ha ofrecido explicaciones sobre esta decisión.
A seis meses de iniciado el proceso, la familia no ha recibido información formal del estado de la causa, ni justificación alguna de por qué la camioneta quedó en manos del vendedor, ignorando —según indican— el derecho legal del nuevo propietario.
SIN RESPUESTAS OFICIALES
Diario La Tribuna intentó contactar a las partes vinculadas a este caso para conocer sus versiones. Se logró ubicar telefónicamente a Manuel Contreras Garrido, quien declinó entregar una declaración pública al encontrarse el caso judicial en desarrollo. También se solicitó una versión oficial de Fiscalía de Chillán, desde donde se indicó que no emitirán comentarios mientras la investigación esté en curso. Tampoco explicaron por qué se instruyó la entrega del vehículo al antiguo propietario.
Por otra parte, el medio contactó al número telefónico mediante el cual Ruth Isla realizó la compraventa, que correspondería a Anita Esparza, pero el número ya no está disponible.
Mientras tanto, Ariel Isla sigue sin su vehículo, sin trabajo y enfrentando las consecuencias de un proceso judicial que, según su familia, los ha dejado completamente desprotegidos. "No pedimos favores; solo que la Fiscalía haga su trabajo. Han pasado más de seis meses", concluyó Ruth.