Observatorio de Socabío presenta inédita radiografía del delito rural en Biobío

Con un llamado a transformar la preocupación en acción concreta y construir, por primera vez, una base de evidencia territorial sobre los delitos rurales, el Observatorio de Delitos Rurales de Socabío presentó los primeros avances de su trabajo durante el Seminario de Seguridad Rural, organizado por Socabío y Empresa Periodística Biobío, en Los Ángeles.

La actividad reunió a agricultores, dirigentes gremiales, autoridades, policías y parlamentarios, y tuvo como eje central la exposición del director ejecutivo del observatorio, Jorge Contreras, junto a la encargada de levantamiento de datos, Rocío Burgos, y la asesora jurídica del proyecto, la abogada Scarlett Hemmelmann.

Durante su intervención, Contreras explicó que el origen del observatorio surge de una carencia histórica de información específica sobre los delitos que afectan al mundo agrícola.

"Nos dimos cuenta que no teníamos nada de datos ni ninguna evidencia territorial. Los delitos rurales hoy aparecen mezclados con estadísticas generales y eso impide construir una buena política pública", afirmó.

Contreras sostuvo que actualmente delitos como el robo de cobre desde sistemas de riego, el hurto de agroquímicos o el robo de maquinaria agrícola quedan registrados bajo categorías generales, sin diferenciar el impacto productivo que generan en el sector rural.  "Hoy robar el cable de un transformador que deja paralizado un predio por semanas aparece igual que el hurto de un celular. Eso tenemos que cambiarlo", enfatizó.

LEVANTAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO REAL

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la presentación de la metodología desarrollada por el observatorio, la cual contempla el levantamiento de información directa con agricultores afectados, georreferenciación de incidentes y seguimiento de denuncias.

La administradora pública Rocío Burgos detalló que el observatorio creó una plataforma digital propia que permite visualizar en tiempo real los delitos reportados por productores agrícolas de seis comunas priorizadas de la provincia.

"Queremos construir información rigurosa y útil para las policías, las autoridades y también para los propios agricultores", señaló.

La profesional explicó que el sistema funciona mediante formularios digitales disponibles de manera permanente, donde los afectados pueden reportar delitos como abigeato, robo de cobre, hurto de agroquímicos, robo de maquinaria y atentados incendiarios.

A partir de esa información, el observatorio realiza verificación telefónica, recopilación de antecedentes y análisis estadístico.

Según los primeros resultados expuestos, un 31% de los productores del rubro avellanero encuestados afirmó haber sufrido algún delito durante el último año, cifra que sube a 47% en el caso de los productores de berries y alcanza un 60% entre agricultores ligados al cultivo de achicoria.

Respecto a los delitos más frecuentes, Burgos indicó que en el caso de los productores de avellanas predomina el robo de agroquímicos, mientras que en el rubro berries sobresale el robo de maquinaria y piezas agrícolas. En tanto, en el sector de las achicorias, el delito más recurrente corresponde al robo de cobre.  "Cada gremio tiene una realidad distinta y eso significa que las políticas de prevención y persecución del delito también deben diferenciarse", explicó.

Otro de los antecedentes que llamó la atención durante la presentación fue el nivel de desconfianza hacia el sistema de denuncias.

En algunos rubros, hasta la mitad de los agricultores reconoció no denunciar todos los delitos sufridos, principalmente debido a la frustración por la falta de resultados.  "Muchos agricultores sienten que denuncian y no pasa nada. Hay causas que se archivan rápidamente y eso genera resignación", sostuvo Burgos.

"SIN DATOS NO HAY POLÍTICA PÚBLICA"

Durante la exposición, Contreras recalcó que el observatorio proyecta un trabajo mínimo de 18 meses para lograr estadísticas comparables y construir series históricas confiables.

"Menos tiempo no sirve. Necesitamos comparar enero con enero, febrero con febrero y evaluar si las medidas que se implementan realmente están funcionando", afirmó.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto iniciado con la Policía de Investigaciones, municipios y organizaciones gremiales de otras regiones, destacando especialmente la experiencia de la Multigremial de La Araucanía y las mesas de trabajo desarrolladas en O’Higgins.

En paralelo, confirmó que el observatorio ya se encuentra colaborando en iniciativas legislativas vinculadas a delitos rurales junto a parlamentarios de la zona.

ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y FALENCIAS EN LAS DENUNCIAS

La jornada cerró con la exposición de la abogada Scarlett Hemmelmann, quien abordó las principales falencias detectadas en las denuncias realizadas por agricultores.

La profesional explicó que gran parte de los afectados desconoce las diferencias entre una denuncia y una querella, además de las herramientas disponibles para realizar seguimiento a las causas.

"Existe mucha frustración porque las personas sienten que el sistema no avanza, pero también vemos que muchas veces las denuncias se presentan sin antecedentes suficientes o sin seguimiento posterior", indicó.

La abogada advirtió que la ausencia de pruebas, el retraso en denunciar y el temor de testigos a involucrarse terminan debilitando las investigaciones.  "En el campo reunir evidencia es mucho más complejo que en la ciudad. Por eso es clave avanzar en medidas de prevención, registros y coordinación entre vecinos", sostuvo.

La asesora jurídica agregó que uno de los principales desafíos será fomentar denuncias colectivas y fortalecer la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales, con el objetivo de evitar el archivo prematuro de las causas y mejorar la persecución penal de estos delitos.