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La Tribuna

Agricultores cuestionan proyecto que regula el transporte de carga

por Jorge Monares Olivares

José Miguel Stegmeier planteó reparos a las disposiciones sobre tarifas, tiempos de descarga y multas por sobrepeso, en una iniciativa que modifica el Código de Comercio y que se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado.

Movilización camioneros / La Tribuna

Las horas que un camión permanece detenido para descargar productos podrían generar un costo adicional para los agricultores. Esta es una de las materias que preocupa a José Miguel Stegmeier, frente al proyecto que regula la contratación y el pago de los servicios de transporte de carga por carretera.

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío) y del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), además de vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), valoró el término del paro de los camioneros, pero planteó reparos a tres disposiciones: las tarifas, las esperas en los puntos de descarga y las multas por sobrepeso.

Stegmeier reconoció que los transportistas tenían motivos para movilizarse, aunque cuestionó la forma en que lo hicieron y sostuvo que las diferencias debían resolverse mediante el diálogo.

El dirigente planteó que "efectivamente había razones de fondo para que protestaran los camioneros, pero no es la forma en que lo hicieron".

TARIFAS Y TIEMPOS DE DESCARGA

La primera observación apunta a la determinación de los precios, pues el representante agrícola considera que la fórmula debe incorporar otros factores y no limitarse a una actualización automática.

El proyecto propone acordar una tarifa por kilómetro y precisar el recorrido remunerado, aunque permite contratar por viaje, tonelada u otra unidad, siempre que se exprese su equivalente por kilómetro. Los peajes y prestaciones adicionales, como carga, descarga y devolución de equipos, deberán identificarse y pagarse por separado, salvo acuerdo expreso.

En cuanto a los reajustes, el texto no impone una aplicación automática: las partes podrán convenir una fórmula de revisión o mantener un precio fijo durante el período que determinen.

El segundo reparo se relaciona con las demoras para descargar productos, especialmente cuando los vehículos deben esperar durante varias horas en instalaciones receptoras, como los molinos.

Stegmeier advirtió que no corresponde que el agricultor asuma ese costo cuando la demora depende de quien recibe la mercancía, y planteó que "eso debe estar bajo responsabilidad del que recibe la carga, no del que genera la carga".

La propuesta establece una compensación de media unidad de fomento por cada hora que exceda las dos primeras, cuando la espera sea imputable al cargador o a la organización del recinto que este haya designado. El monto se calcula proporcionalmente y tiene un máximo de 10 UF por cada período de 24 horas.

DISCUSIÓN POR LAS MULTAS

La tercera preocupación corresponde a las infracciones por sobrepeso y a la posibilidad de que su costo recaiga completamente en los agricultores.

Para Stegmeier, el transportista debe asumir la parte que le corresponde, porque conoce las características de la mercancía que traslada y debe tomar precauciones para respetar los límites legales.

Sobre este punto, el presidente de Socabío cuestionó que "es una responsabilidad que tiene también el transportista, de tomar en cuenta qué carga lleva y él es el que mejor sabe estirar su camión para que efectivamente no haya multa por el sobrepeso".

El articulado obliga al cargador a entregar información suficiente y veraz sobre el peso, la naturaleza y las condiciones de las mercancías, y le prohíbe impartir instrucciones que exijan superar los límites legales.

A la vez, limita los descuentos por multas: solo podrán deducirse del precio cuando su procedencia y cuantía hayan sido aceptadas expresamente por el transportista después del hecho o determinadas por sentencia firme.

La iniciativa, correspondiente al boletín 18.860-15, ingresó al Senado el 6 de noviembre de 2026 y actualmente se encuentra en primer trámite constitucional, con primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

El texto exige dejar por escrito las condiciones del servicio, incluidos el precio, los recorridos, los gastos asociados y los plazos de ejecución. Entre sus disposiciones figura un plazo máximo de 30 días corridos para pagar las obligaciones documentadas mediante factura.

Pese a sus observaciones, valoró las medidas relacionadas con los combustibles y su impacto en las actividades productivas. El vicepresidente de la SNA concluyó que "en lo global estamos de acuerdo, en el tema de los combustibles, la rebaja es importante para todos nosotros, pero en lo particular de estos tres puntos que menciono hay que hacer un análisis un poco más profundo".

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