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Mucho se ha hablado de la construcción de una cárcel biprovincial, para las provincias de Ñuble y Biobío, la cual estaría situada en la comuna de San Carlos, más específicamente en el sector de Buli en un terreno perteneciente a la Universidad de Concepción. Para muchas personas el concepto de un recinto biprovincial, parece ser la solución para una realidad que nadie quiere ver, y es que a la luz de los hechos, esta tan anunciada propuesta parece caer por su propio peso ya que carece de la mirada regionalista que ponga en gusto énfasis las necesidades que cada provincia tiene, esta decisión no aborda temas fundamentales ni menos se hace cargo de los efectos adversos que esta medida tendrá para las comunidades, los gendarmes, jueces, abogados, personal administrativo, así como, para familiares de los reos.
En este sentido, no hay duda ni explicaciones al respecto, la provincia de Biobío requiere con urgencia una complejo penitenciario orientado a las necesidades de esta zona, el concepto biprovincial no existe en ninguna otra parte y sin duda no es la solución a los problemas y demandas de la ciudadanía, esta medida por el contrario demuestra una incapacidad por parte del gobierno para entrar en sintonía con los requerimientos de las comunidades y establecer soluciones reales a los problemas.
Otro de los aspectos que no se puede dejar de considerar, al hablar de cárcel biprovincial, es que más temprano que tarde Ñuble será región, situación que echa por tierra y pone en jaque el concepto de biprovincialidad, dejando con ello a este recinto al arbitrio de dos regiones situación que sin duda es insostenible ya sea por temas de territorialidad como aspectos administrativos.
Así mismo un ámbito no menor es la situación de hacinamiento carcelario, tema que no se resuelve con esta medida, además, en la práctica la provincia de Bío Bío seguirá sin contar con un centro de reclusión que resuelva los problemas de este territorio y ello es un tema sin duda de alta complejidad.
Al analizar cada uno de los aspectos que son parte de esta decisión dada a conocer por la titular de justicia, Javiera Blanco, no hay duda que esta es una medida centralista, impuesta desde Santiago, y en la cual las autoridades regionales no tuvieron posibilidad de participación, lo cual, queda reflejado en que no hay consideración de las externalidades negativas ni menos de los diversos costos asociados implicados en el funcionamiento de una cárcel bi-provincial. Costos que van en diversas áreas como la realidad de los funcionarios de gendarmería, los cuales se verían obligados a viajar para realizar sus labores situación que sin duda iría en desmedro no sólo de sus condiciones laborales, sino, que también de un costo familiar importante; por otro lado los aspectos administrativos se tenderían a complejizar ya que el recinto penitenciario dependería a la larga no de dos provincias, sino, que a dos regiones; otro tema seria las implicancia en el trabajo de los jueces, abogados y funcionarios administrativos; a lo que se suma la realidad de las familias de los reclusos al momento de realizar sus respectivas visitas.
Sabemos que hablar de un centro de reclusión penal, es un tema complejo y que sin duda genera malestar en la comunidad, pero, es una realidad que tenemos que asumir con visión de futuro, como una medida viable en el tiempo, por ello más allá de lugar donde se construya, situación que debe ser resuelta con la participación de las comunidades, alcaldías, autoridades regionales, funcionarios de gendarmería, entre otros- situación que en este caso no se ha hecho-, lo que hay que tener presente es que la provincia de Biobío requiere una estructura carcelaria en la zona, por ello, el llamado que hacemos al gobierno es a corregir y rectificar esta decisión a que planifiquen bien las cosas de acuerdo a las reales necesidades de cada territorio, la cárcel bi- provincial sin lugar a dudas, no es la solución viable para la provincia de Biobío ni para la de Ñuble.
Víctor Pérez Varela
Senador de la República
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