Un complejo entramado de filtraciones de información sensible en causas de narcotráfico, que involucra intercambios por WhatsApp entre el fiscal adjunto Rodrigo Durán y su esposa Andrea Romero, defensora de la banda "Los Corbata", derivó en la remoción —aún anulable mediante un recurso de reposición— del persecutor tras un sumario administrativo.
La investigación, dada a conocer inicialmente por La Tribuna, se originó tras el fracaso de un operativo del O.S.7 de Carabineros el 6 de abril de 2021 para interceptar una transacción de drogas. Al momento de detener a Juan Francisco Ortiz y Jenoveva Lagos, no se encontraron sustancias ilícitas, generando perplejidad en las autoridades.
El antecedente clave ocurrió al día siguiente, cuando Andrea Romero accedió a la carpeta de investigación en una audiencia de formalización y fotografió información sobre teléfonos interceptados por orden judicial. Ese mismo 7 de abril, a las 10:51 horas, la abogada Susana Cortés contactó telefónicamente al líder de la banda Luis Corvalán Novoa para advertirle que "toda la banda está interceptada" y que debía "botar los teléfonos completos porque están pinchados".
Esta comunicación interceptada llevó a la Fiscalía a constituir a Cortés como imputada por su presunta participación en tráfico de drogas y a iniciar una investigación que se extendería por años y involucraría múltiples funcionarios del sistema judicial.
CONSULTAS DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
La indagatoria dirigida por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, documentó al menos dos intervenciones directas de Durán para beneficiar a clientes del estudio jurídico donde participa su esposa.
Según reveló posteriormente BBCL Investiga, en agosto de 2022, Andrea Romero consultó a Durán vía WhatsApp: "¿Podrías revisar estos RUT para saber si están presos?", en el marco de una causa relacionada con el sicario venezolano Moisés Bastardo, cliente de las abogadas. Durán utilizó los sistemas internos de la Fiscalía para informarle que los sujetos no se encontraban detenidos.
El segundo caso documentado ocurrió el 28 de octubre de 2023, cuando Romero consultó sobre dos clientas detenidas por tráfico de drogas, Scarlett Norambuena y Angélica Campos. Pese a conocer que su esposa era la defensora particular, Durán no se inhabilitó en la audiencia y, aunque solicitó prisión preventiva, no apeló cuando la jueza les concedió arresto domiciliario.
ABOGADAS DE ALTO PERFIL
Susana Cortés, esposa del defensor jefe Patricio Gutiérrez, y Andrea Romero desarrollaron una práctica legal especializada en narcotráfico y crimen organizado. Llegaron a cobrar hasta $4 millones por una audiencia de control de detención y más de $10 millones por un caso completo.
Entre sus clientes figuran sicarios "altamente peligrosos" como Jesús Pire Vargas y Moisés Bastardo, este último investigado por cuatro homicidios. La investigación se activó tras una denuncia sobre "chocolates onerosos" enviados desde la oficina de las abogadas a la Fiscalía, despertando sospechas institucionales.
INVOLUCRAMIENTO DEL PODER JUDICIAL
La investigación se expandió al Poder Judicial cuando la jueza Cherie Palomera sobreseyó controvertidamente a Cortés en marzo de 2025, en una audiencia de solo nueve minutos. La Corte de Apelaciones revocó esta decisión, calificándola como "inexplicable" y señalando que se basó en antecedentes no entregados en la audiencia.
En marzo de 2024, la PDI llevó a cabo un operativo que incluyó allanamientos de la Fiscalía de Los Ángeles y estudios jurídicos involucrados. Seis funcionarios fueron apartados de sus labores, incluyendo a Durán y la entonces fiscal jefe María Gemita Rojas, quien fue trasladada a Yumbel.
El caso culminó con la remoción de Durán por parte del Fiscal Nacional Ángel Valencia, tras un sumario administrativo, aunque existe un recurso de reposición pendiente. Paralelamente, el exfiscal enfrenta una investigación penal por cohecho y violación de secreto, mientras presentó querella contra la fiscal Mansilla por presunta filtración de información.