La ministra de Salud, May Chomali, tomó distancia de la propuesta impulsada por el Ejecutivo que busca obligar a organismos públicos y privados a entregar información de migrantes irregulares sometidos a procedimientos administrativos de expulsión, advirtiendo reparos legales y sanitarios frente a la medida.
La discusión surgió luego de que el Ministerio del Interior presentara una indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas. El texto establece que órganos de la administración del Estado, instituciones previsionales y de salud, además de establecimientos educacionales públicos y privados, deberán proporcionar antecedentes personales requeridos por la autoridad migratoria, incluyendo domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos pertinentes.
En conversación con Radio 13c, la secretaria de Estado aseguró que desde el Ministerio de Salud observan la iniciativa "con bastante preocupación", enfatizando que la información médica se encuentra protegida por normas legales vigentes.
La ministra añadió que la postura de la cartera ya ha sido abordada en instancias internas del Gobierno, particularmente en el Comité de Ministros, donde —según explicó— existe consenso respecto a la necesidad de garantizar la atención médica sin discriminación migratoria.
"Nosotros no podemos desde Salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población", sostuvo.
Debate entre control migratorio y salud pública
Las declaraciones de May Chomali vuelven a instalar el debate sobre los límites entre las políticas de control migratorio y las obligaciones sanitarias del Estado, especialmente en contextos vinculados a enfermedades transmisibles y atención de urgencia.
La autoridad sanitaria adelantó que el contenido de la indicación será revisado junto al resto del Ejecutivo para evaluar su compatibilidad con la legislación vigente y con las políticas sanitarias que actualmente maneja el Gobierno.
"Hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado en el contexto de los Consejos de Ministros", explicó.
En esa línea, insistió en que la cartera no puede adoptar medidas que contradigan el marco legal existente ni restringir el acceso a prestaciones de salud para personas migrantes.
Caso en Azapa marcó postura de la ministra
Durante la entrevista, la ministra relató una experiencia reciente en el valle de Azapa, en la Región de Arica y Parinacota, donde conoció el caso de un migrante diagnosticado con tuberculosis y que se encontraba en situación de abandono.
Según indicó, el episodio reforzó la visión del Ministerio de Salud respecto al acceso universal a tratamientos médicos, particularmente en enfermedades contagiosas.
La secretaria de Estado concluyó que experiencias como esa han consolidado la postura institucional de la cartera frente a la atención sanitaria de personas extranjeras, independientemente de su situación migratoria.