martes 18 de junio, 2019

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Funcionarios de segunda clase: la realidad de los trabajadores públicos en la provincia

Inspector Provincial del Trabajo calificó la situación de una “relación laboral desmedrada”.


 Por MARCOS SARMIENTO

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Para nadie de la comuna de Los Ángeles debe ser sorpresa la movilización que están desarrollando los funcionarios de la Asociación Nacional de Empleado Fiscales, ANEF, pues desde las incomodidades propias del paro de los servicios públicos, se han registrado multitudinarias marchas con –incluso- 2 mil personas en las calles.

 

Si bien las demandas se han concentrado en el reajuste del 3,2 %, que no satisface a los trabajadores del sector fiscal, existe otra problemática también sentida por los funcionarios, que afecta a un número -no menor- de ellos.

 

Se trata de la inestabilidad laboral en que vive una gran cantidad de empleados fiscales, quienes deben desarrollar su labor bajo contratos a plazo fijo y honorarios, situación que en –algunos casos- crea una gran incertidumbre y tensión, sobre todo a final de año.

 

Según las cifras que maneja la ANEF provincial, tan sólo un 15% de los empleados públicos de la zona trabaja bajo la modalidad de contrato indefinido, siendo esta realidad la excepción a la regla.

 

La normalidad la registran los trabajadores fiscales que se encuentran laborando a plazo fijo o contrata, con un número que se empina en un 70% en la provincia. Estos desarrollan sus funciones en diferentes entidades públicas, sin embargo, su mayor presencia se registra en la Tesorería General de la República, Fonasa, Serviu, Registro Civil y Servicio de Impuestos Internos.

 

En tanto, en un porcentaje menor, pero acusando la mayor precariedad laboral, se ubican los funcionarios a honorarios con un 15% del total en la zona, quienes se concentran –mayoritariamente- en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y Serviu. A tanto llega la situación, que en uno de estos organismos, el SAG, prácticamente la mitad de los empleados fiscales es a honorarios.

 

El coordinador provincial de la ANEF, Gabriel Inostroza, relató así las consecuencias de esta situación a La Tribuna FinDe.

 

“Si bien en los trabajadores a plazo fijo hay una mayor tranquilidad, siempre existe la inquietud y la inestabilidad –particularmente- a final de año, en donde se registra la evaluación. Ahí pueden ser finiquitados sin mayores complicaciones. (…) En el caso de los honorarios (…) la inestabilidad se acentúa, pues no saben si van a seguir o no. (…) No tienen tampoco derecho a ningún beneficio, como salud y vacaciones”, relató.

 

Tras ello, Inostroza, acusó que la situación a honorarios se presta –incluso- para situaciones que rayan en la ocultación de una relación laboral.

 

“En algunas organizaciones, por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, también existen funcionarios a honorarios, (…) en donde estos cumplen una función similar o -mejor dicho- igual a los de planta. Esto se grafica en que tienen los mismos roles, iguales tareas, las mismas responsabilidades y cargas de trabajo. Pese a ello, no tienen los mismos beneficios que los de planta”, apuntó.

 

 

EL GUARISMO 80/20

 

El sector de la salud pública y municipal también es escenario de la realidad descrita, debido a ello la Fenats y la Confusam también se han adherido al paro de la ANEF.

 

A pesar que en la salud municipal existen normativas que prohíben –expresamente- una contratación masiva de trabajadores a contrata u honorarios, esta disposición no se cumple al pie de la letra, como relató el dirigente de la Confusam local, Alejandro Yáñez.

 

“Nosotros tenemos una normativa, que muchos municipios a nivel nacional no respetan. La Ley 19.378 dice que el municipio debe tener un 80% a contrato indefinido y un 20% a plazo fijo. En algunas comunas se cumple, sin embargo, en otras no”, resaltó.

 

Asimismo, Yáñez, comentó como se traduce esta situación en la realidad provincial, comentando que progresivamente los municipios se han ido adecuando.

 

“La mayoría de las comunas -en estos momentos- lo cumple. Sin embargo, Alto Bío Bío comenzó hace poco a regularizar el asunto. Una situación similar ocurre en Tucapel. Por su parte, Mulchén hace poco concluyó el proceso con éxito. No obstante, más allá de eso, nosotros exigimos que Contraloría se pronuncie en su debido tiempo, porque si un trabajador no cumple se le aplica el rigor de la ley, pero si un municipio no aplica el guarismo no pasa nada” criticó.

 

 

UNA RELACIÓN LABORAL DESMEDRADA

 

Con la finalidad de conocer la opinión de la autoridad encargada de supervigilar las relaciones laborales, La Tribuna se comunicó con el inspector provincial del Trabajo, Patricio Pinilla.

 

Éste partió por aclarar que la entidad no tiene competencia para conocer las relaciones laborales en el ámbito público y municipal, ya que no se rigen por las mismas normativas.

 

“Nosotros aplicamos el Código del Trabajo, cuya ejecución es –exclusivamente- a los trabajadores del sector privado. En el sector público se rigen por otras normas, como por ejemplo estatutos administrativos, la Ley de Base de la Administración del Estado y la Ley de Presupuesto”, detalló.

 

Tras ello, Pinilla explicó los organismos que podrían pronunciarse sobre las relaciones laborales públicas.

 

“Nosotros consideramos que los organismos que tienen por función velar el cumplimiento de las legislaciones laborales del sector público, son la Contraloría General de la república, como ente administrativo, y –derechamente- los tribunales laborales, como ente jurisdiccional”, precisó.

 

En base a la respuesta se le consultó si los funcionarios públicos están en una suerte de mayor vulnerabilidad, debido a la inexistencia de un organismo fiscalizador, ante lo cual el inspector provincial del Trabajo se mostró de acuerdo al emplazamiento.

 

“Yo comparto el criterio que el funcionario público está en una situación más desmedrada con respecto a esto. (…) Tiene un empleador, hay una dependencia, pero el control de ese empleador, por parte de la Contraloría, es más formal y a distancia. Fuera que los procedimientos son burocráticos y lentos”, puntualizó.

 

 

EL MIEDO TRAS LAS MUNICIPALES

 

Esta realidad de los trabajadores a plazo fijo y honorarios no es exclusiva del aparataje del gobierno, pues también es “pan de cada día” en las 345 municipalidades del país.

 

Según los datos aportados por Ferfum Biobío, hay 450 trabajadores a honorarios en las 14 comunas de la provincia, cifra que duplica cuando se habla de profesionales a contrata.

 

Estos funcionarios también acusan inestabilidad laboral y precarización de sus derechos, situación que se acentúa cuando se registra un cambio de la administración municipal como sostuvo la presidenta provincial de Ferfum Biobío, Edith León.

 

“Cuando cambia un jefe comunal, comienzan los miedos de ser despedidos o acosados laboralmente, sobre todo en los trabajadores a contrata y honorarios. (…) Esperamos que ahora la selección se haga de acuerdo al mérito y excelencia, terminando con el pago de favores políticos que daña a los trabajadores y ciudadanía”, concluyó. 

 

 

EL EMBLEMÁTICO

 

A pesar de esta situación desfavorable, existen algunos casos –puntuales- en que un funcionario público o municipal logró  “darle la vuelta al destino”.

 

Uno de estos casos ocurrió en la capital provincial, específicamente, en el municipio angelino, en donde el psicólogo, Felipe Rodríguez, quien laboró a honorarios en un programa de intervención psicosocial, logró acreditar una relación laboral tras su despido.

 

El hecho que fue conocido por la opinión pública a través de una nota de La Tribuna, se convirtió en un precedente en la zona y acumuló una gran cantidad de comentarios, que aplaudieron las gestiones realizadas por el joven profesional.

 

Tras la nota de prensa, Rodríguez, comentó así la repercusión que tuvo hacer público su victoria judicial.

 

“A propósito de la difusión masiva que se hizo de la nota, sobre todo a través de las redes sociales, muchos colegas me manifestaron su satisfacción con el hito que se gestó con mi caso.  (…) Pues, como fue mi intención principal, quería que mi situación sirviera de precedente, para que otros trabajadores que se desempeñan a honorarios, pero que en realidad están bajo un relación laboral, hagan valer sus derechos”, sentenció.


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