Ciudades prometen combatir a Trump sobre inmigración, incluso a un gran costo

LOS ÁNGELES _ Aquí en Los Ángeles, donde casi la mitad de los residentes de la ciudad son latinos, el alcalde Eric Garcetti ha prometido hacer todo lo que pueda para combatir las extendidas deportaciones de inmigrantes no autorizados.

En Nueva York, con una gran y diversa población latina, el alcalde Bill de Blasio ha prometido no cooperar con los agentes de inmigración. Y el alcalde Rahm Emanuel de Chicago ha declarado que esta “siempre será una ciudad santuario”.

En todo Estados Unidos, funcionarios en ciudades santuarios están preparándose para oponerse al presidente Donald Trump si sigue adelante con una promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente. Están prometiendo mantener sus políticas de limitar la cooperación de las agencias del orden locales con agentes de inmigración federales.

Al hacerlo, los funcionarios municipales corren el riesgo de perder millones de dólares en asistencia federal para sus ciudades que ayudan a pagar servicios como el combate a la delincuencia y la operación de los refugios para indigentes. Trump ha prometido bloquear todo el financiamiento federal a las ciudades donde las agencias del orden locales no cooperen con los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Pero conforme Trump se prepara para asumir la presidencia, bastiones demócratas, incluidos Boston, Filadelfia y San Francisco, han reafirmado sus planes para desafiar al gobierno federal y actuar como una especie de baluarte contra las deportaciones masivas.

“Me gusta comparar esto con el estatus de objetor de conciencia, dijo la alcaldesa de Oakland, California, LibbySchaaf. “No vamos a usar nuestros recursos para aplicar lo que creemos son leyes de inmigración injustas”.

Sin embargo, los simpatizantes de políticas de inmigración más estrictas esperan una respuesta rápida. Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que se opone a la legalización de los inmigrantes no autorizados, predijo “un apoyo muy agresivo y sin restricciones para usar todo el poder del gobierno federal para desalentar este tipo de interferencia”.

“Estos políticos locales se hacen responsables de permitir que las personas que han estado aquí por mucho tiempo se queden aquí y reciban servicios”, dijo Stein. “El gobierno de Trump está diciendo básicamente: ‘Si quieren darles cabida, no esperen que el resto de nosotros paguemos sus servicios’”.

Algunos creen que Trump pudiera ir más lejos que simplemente retirar el financiamiento federal, quizá combatiendo esas políticas en los tribunales o incluso presentando acusaciones contra los líderes municipales.

“Este es un territorio inexplorado en muchas formas, para ver si se sostienen o ver si ceden”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios políticos en el Centro para Estudios sobre Inmigración, que apoya una inmigración reducida.

Las ciudades “se han salido con la suya durante mucho tiempo porque el gobierno federal nunca ha intentado reprimirlas”, dijo Vaughan.

La pelea también pudiera indicar un giro en la lucha en torno al poder del gobierno federal, ya que esta vez son ciudades liberales _ en lugar de estados conservadores _ los que resisten lo que ven como la intervención federal.

Las ciudades “quizá no tengan el poder de dar derechos a la gente”, dijo MuzaffarChishti, director de la oficina del Instituto de Política de Inmigración en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Pero tienen mucho poder de resistencia, y eso es lo que están desplegando ahora”.

Más de 500 condados y ciudades tienen algún tipo de política que limita la cooperación con las autoridades de inmigración, según una estimación del Centro para Recursos Legales de los Inmigrantes, un grupo activista y de asistencia legal en San Francisco y Washington.

La pelea más reciente está empezando a desarrollarse de manera muy similar a la que se dio a mediados de los 80, cuando los activistas en las grandes ciudades de la nación resistieron las políticas de inmigración del gobierno de Ronald Reagan. Los centroamericanos se habían convertido en el tema de una fiera competencia política, y veintenas de iglesias abrieron sus puertas como santuarios para desobedecer a la Casa Blanca de Reagan.

Miembros de las iglesias y sinagogas están de nuevo ofreciendo sus casas de oración como santuarios para las personas que teman la deportación, según grupos que trabajan con inmigrantes y refugiados. Una red basada en la fe conocida como “movimiento de los santuarios” fue revivida en los últimos años para recibir a aquellos en riesgo de deportación por parte del gobierno del presidente Barack Obama.

En Oakland, un sitio de resistencia hace una generación, Schaaf no tiene duda de que la comunidad de nuevo unirá sus recursos para ayudar a los inmigrantes no autorizados. La ciudad está explorando formas de ofrecer servicios legales a los inmigrantes.

“Tenemos a muchos inmigrantes indocumentados, pero a menudo estos son residentes que llegaron a nuestra ciudad de bebés. Han crecido aquí y van a nuestras escuelas públicas”, dijo Schaaf. “No son extranjeros ilegales, son hijos de nuestros amigos, personas que se sientan a nuestro lado en las bancas de la iglesia y en el autobús. Aquí se siente mucho más personal”.

Oakland se arriesga a perder hasta 140 millones de dólares en financiamiento federal para refugios de indigentes, comidas para los ancianos y programas para preescolares de bajos ingresos.

El enfrentamiento más reciente se sentirá más agudamente en California, que alberga a unos 2.3 millones de los 11 millones de inmigrantes no autorizados del país. No solo el estado permite que esos inmigrantes obtengan licencias de conducir, sino que también les ofrece colegiaturas universitarias a costo de residentes y les permite tener licencias profesionales para trabajar como abogados, arquitectos y enfermeras. Una ley estatal aprobada en 2014 limita la cooperación de los condados con los funcionarios federales.

Las políticas estuvieron bajo renovado ataque el año pasado, después de que una joven fue asesinada a tiros por un inmigrante con historial criminal que vivía en el estado ilegalmente y había sido liberado por las autoridades en San Francisco.

En qué medida las ciudades pueden resistir las deportaciones sigue siendo poco claro. Expertos legales dicen que los funcionarios municipales no pueden impedir el acceso de los agentes de inmigración y que es poco probable que pudieran declarar una propiedad pública como santuario físico. Gran parte de la resistencia podría radicar en simplemente no cooperar.

Rick Su, un profesor de derecho en la Universidad de Búfalo que ha investigado sobre inmigración y gobiernos locales, dijo que a menos que Trump aumente el número y alcance de los agentes de inmigración federales, “es difícil ver cómo puede lograr los entre dos y tres millones de deportaciones que ha propuesto sin la asistencia estatal y local para identificar y detener a los supuestos inmigrantes no autorizados”.

Por ahora, muchos líderes municipales se están enfocando en calmar los nervios exaltados de los inmigrantes no autorizados.

Jorge Elorza, el alcalde de Providence, Rhode Island, e hijo de inmigrantes guatemaltecos no autorizados que eventualmente se naturalizaron, se paró detrás de un atril en una noche reciente para tranquilizar a unas 150 personas que habían llenado la cafetería de una preparatoria.

“Amigos, podrían sentirse amenazados por lo que escuchan”, les dijo Elorza, dirigiéndose a la multitud en inglés y español. “Protegeremos a nuestras comunidades y nuestras familias para que puedan seguir viviendo sus vidas libres de temor y seguras en nuestras comunidades”.

IMAGEN: Kaya (2) y SaiMattia (4), con su carro durante una protesta de la elección de Donald Trump como presidente que los organizadores llamaron HandsAround Lake Merritt, en Oakland, California, 13 de noviembre de 2016. Líderes de las llamadas ciudades de santuario como Oakland Han prometido resistir las políticas de inmigración de la llegada del gobierno de Trump y actuar como una especie de baluarte contra las deportaciones masivas. (Jim Wilson / el New York Times)