El Gobierno presentó este miércoles el Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, iniciativa que busca modernizar el sistema financiero, facilitar el acceso de las familias a su primera vivienda e impulsar nuevas alternativas de financiamiento para empresas.
La propuesta concentra sus medidas en cuatro ejes, que abarcan desde el acceso a créditos hipotecarios y el ahorro para la vivienda hasta la modernización de operaciones financieras y la posición de Chile como centro financiero regional.
Uno de los principales focos del proyecto está puesto en las familias que buscan acceder a una vivienda de hasta 6.000 UF, particularmente en dos dificultades: reunir el pie y enfrentar las actuales tasas hipotecarias.
Para abordar estos obstáculos, la iniciativa contempla la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que será administrado por BancoEstado.
El fondo considera un aporte estatal inicial de US$500 millones, con un techo de hasta US$2.000 millones. Su objetivo será comprar créditos hipotecarios para entregar mayor liquidez al mercado y contribuir a reducir las tasas.
La propuesta establece además que las entidades crediticias asumirán las primeras pérdidas, con el objetivo de mantener estándares de evaluación de riesgo en la entrega de financiamiento.
Ahorro para reunir el pie
El proyecto también incorpora el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), mecanismo mediante el cual las personas podrán acumular durante un mínimo de 30 meses el equivalente al 7% del valor de la propiedad.
El Estado aportaría un subsidio equivalente al 3% restante, permitiendo completar el pie contemplado por la iniciativa.
A esto se suma un aumento en el beneficio fiscal del Régimen A del Ahorro Previsional Voluntario (APV). La bonificación anual pasaría de 6 a 8 UTM.
El segundo eje busca ampliar las opciones disponibles para que emprendimientos, pequeñas y medianas empresas y grandes compañías puedan acceder a capital.
Entre las medidas se contempla una simplificación del artículo 104, junto con la eliminación de la retención del 4% sobre intereses para residentes en materia de bonos empresariales.
El proyecto también plantea flexibilizar las condiciones para que las pymes puedan acceder a determinados beneficios tributarios vinculados con la venta de acciones. La exigencia propuesta considera que solo un 15% de la propiedad esté en manos de accionistas minoritarios.
Otro mecanismo será la creación de un segmento junior en bolsa, destinado a startups innovadoras y proyectos de exploración minera. Esta alternativa contempla un crédito tributario equivalente al 35% de la inversión, con un máximo de 50 UTA.
Además, se propone permitir el diferimiento de impuestos cuando los recursos sean reinvertidos entre fondos mutuos y fondos de inversión.
Digitalización y cambios a la regulación financiera
El tercer eje apunta a reducir trámites y modernizar distintos procesos del mercado financiero.
Entre las medidas se encuentra un sistema de inscripción en un día para acciones y cuotas de fondos, además de un registro especial y simplificado para emisiones de medianas empresas, denominado minibonos.
La reforma también contempla la transformación digital de documentos y operaciones financieras. En este ámbito se plantea permitir el endoso electrónico de mutuos hipotecarios y sustituir determinados documentos físicos por registros digitales.
El proyecto incluye, asimismo, ajustes a la denominada Ley de Fraudes. La propuesta mantiene la restitución previa y la carga de la prueba en el emisor, pero incorpora mayores deberes de seguridad y diligencia para los usuarios.
Chile busca fortalecer su posición como centro financiero regional
El cuarto eje está relacionado con la competitividad del mercado financiero chileno y la reducción de barreras para inversionistas y servicios destinados al exterior.
Entre las propuestas figura la exención de IVA para la exportación de servicios financieros, además de la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas para créditos externos bancarios.
También se plantea eliminar el RUT obligatorio para no residentes en determinados instrumentos financieros.
La iniciativa deberá ahora continuar su tramitación legislativa, instancia en la que sus distintas medidas podrán ser discutidas y eventualmente modificadas.