Diversos reparos plantearon expertos y organismos especializados al proyecto que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El proyecto, identificado con el boletín 18.341, busca reunir información sobre resoluciones judiciales relacionadas con delitos e infracciones que afectan la convivencia, el orden público y el uso de espacios comunes.
La propuesta considera que el registro sea administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y contempla consecuencias para quienes sean incorporados, entre ellas restricciones temporales para acceder a determinados beneficios estatales, subsidios, becas, fondos públicos, permisos administrativos y otros instrumentos financiados con recursos públicos.
EXPERTOS ALERTAN SOBRE POSIBLES EFECTOS
Durante la ronda de audiencias ante la comisión parlamentaria, especialistas plantearon la necesidad de revisar el contenido del proyecto y advirtieron posibles efectos contraproducentes.
El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, señaló que la iniciativa no abordaría las causas profundas del problema y cuestionó la falta de indicadores para medir sus resultados.
A su juicio, el proyecto tampoco contempla una proyección sobre sus efectos ni eventuales daños colaterales, considerando que establece sanciones asociadas a la pérdida de beneficios sociales.
Por su parte, la directora de estudios de Ideapaís, Emilia García Cox, sostuvo que la propuesta se enfoca principalmente en aumentar sanciones, pero no en fortalecer mecanismos de prevención o reinserción.
Según planteó, la iniciativa podría establecer un castigo adicional que no necesariamente contribuiría a reducir estas conductas.
En la misma línea, Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó que el registro no sería la herramienta adecuada para enfrentar el problema, debido a que generaría un sistema adicional de sanciones sobre mecanismos que ya existen en la legislación vigente.
DEBATE ENTRE PARLAMENTARIOS
Tras las exposiciones, parlamentarios oficialistas señalaron que la iniciativa puede ser perfeccionada durante su tramitación, incorporando elementos relacionados con prevención y abordaje de las causas que originan estos hechos.
No obstante, defendieron la idea central del proyecto, argumentando que es necesario contar con herramientas para sancionar actos que afectan la convivencia y el espacio público.
Desde sectores opositores, en cambio, reiteraron sus críticas y señalaron que vincular sanciones con la pérdida de beneficios sociales podría generar efectos negativos y aumentar los niveles de exclusión.
QUÉ CONDUCTAS CONSIDERA EL REGISTRO
La iniciativa distingue entre actos vandálicos que constituyen delitos e incivilidades sancionadas por juzgados de policía local o tribunales de garantía.
Entre las conductas consideradas se encuentran daños a bienes públicos, infraestructura comunitaria, establecimientos educacionales, sistemas de transporte, monumentos nacionales, además de agresiones o acciones contra autoridades y funcionarios que cumplen labores esenciales para el Estado.
El proyecto también contempla medidas especiales para casos de mayor gravedad y situaciones de reincidencia.
La propuesta continuará su análisis en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde los parlamentarios deberán evaluar las observaciones realizadas por los especialistas antes de avanzar en nuevas etapas de su tramitación.
