El Gobierno oficializó este lunes la nueva trayectoria de las finanzas públicas para los próximos años, definiendo un marco que apunta a reducir de manera sostenida el déficit estructural del país y mantener bajo control el nivel de endeudamiento del Estado.
La medida quedó establecida mediante la firma del Decreto de Política Fiscal por parte del Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instrumento que proyecta el comportamiento de las cuentas fiscales hasta 2030.
La hoja de ruta contempla una disminución progresiva del déficit estructural desde un 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 hasta alcanzar un 1,5% en 2030. En paralelo, el Ejecutivo mantendrá el denominado "ancla de deuda", fijando como límite un 45% del PIB para la deuda bruta del Gobierno Central.
Un ajuste gradual con foco en la estabilidad
De acuerdo con la planificación oficial, el mayor esfuerzo de consolidación fiscal se concentrará durante los primeros años del período. Posteriormente, el ajuste avanzará de forma más moderada hasta el final de la década.
El objetivo, según explicó Hacienda, es evitar un deterioro de la deuda pública y resguardar la capacidad del Estado para responder ante futuras contingencias, sostener programas sociales y preservar la estabilidad macroeconómica.
La autoridad agregó que las metas proyectadas son alcanzables y dependen, en gran medida, de una recuperación de la actividad económica.
"Las metas que planteamos son logrables, y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal: dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento económico", sostuvo.
Responsabilidad fiscal y crecimiento
Uno de los elementos centrales del decreto es la idea de que el ordenamiento de las finanzas públicas no constituye un fin en sí mismo, sino una condición para generar certezas económicas.
Desde Hacienda sostienen que una trayectoria fiscal predecible contribuye a impulsar la inversión, facilita la planificación tributaria de empresas y familias y favorece la generación de empleo.
En esa línea, el decreto se estructura sobre cuatro pilares: la recuperación del crecimiento económico, la racionalización del gasto público, la modernización de la gestión de empresas estatales y una administración más eficiente de los activos y pasivos fiscales.
La cartera también puso énfasis en la necesidad de combatir ineficiencias y fortalecer los mecanismos de focalización del gasto para asegurar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
El impacto para la ciudadanía
Aunque los conceptos fiscales suelen parecer lejanos a la vida cotidiana, sus efectos repercuten directamente en áreas sensibles para la población.
La sostenibilidad financiera del Estado condiciona la continuidad de programas sociales, la capacidad de respuesta frente a emergencias y el margen de acción para futuras políticas públicas.
Por ello, el desafío del Ejecutivo será demostrar que el cumplimiento de estas metas puede convivir con un escenario de crecimiento, inversión y protección social.
