La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que prohíbe el porte y la tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar (VIF), dejando la iniciativa en condiciones de convertirse en ley.
La propuesta, impulsada originalmente por la diputada Lorena Fries junto a otros parlamentarios, modifica diversas normativas para reforzar la protección de las víctimas y reducir el riesgo asociado a la presencia de armas de fuego en contextos de violencia familiar.
Entre sus principales disposiciones, la nueva legislación establece que la posesión de armas inscritas podrá ser considerada un antecedente para presumir una situación de riesgo inminente. En esos casos, los tribunales podrán decretar de manera preventiva la prohibición de portar o mantener armas y ordenar su incautación.
Asimismo, los jueces de familia tendrán acceso a los registros de la Dirección General de Movilización Nacional para verificar si una persona denunciada cuenta con autorización para poseer o portar armamento.
Respecto de quienes sean condenados por violencia intrafamiliar, la norma establece la prohibición de tener armas de fuego y ordena su decomiso. Una vez dictada la resolución, la información deberá ser comunicada a la Dirección General de Movilización Nacional y a Carabineros para concretar la incautación de las armas, municiones y cartuchos.
La medida también alcanzará a personas que se encuentren siendo procesadas en tribunales de familia cuando exista evidencia de que el arma se encuentra en el domicilio compartido con la víctima o haya sido utilizada para intimidarla o agredirla.
Durante el debate, los parlamentarios que respaldaron el proyecto destacaron que la presencia de armas en el hogar aumenta la gravedad de los episodios de violencia y puede derivar en consecuencias fatales. En contraste, algunos legisladores manifestaron reparos respecto de ciertos aspectos procesales y plantearon la necesidad de perfeccionar las garantías para la aplicación de medidas cautelares.
En la discusión intervinieron los diputados Lorena Fries, Cristian Neira, Luis Pardo, José Antonio Rivas, Priscilla Castillo, Javier Olivares, Enrique Bassaletti, Sofía González, Daniel Lilayu, Carlos Cuadrado y Luis Sánchez.
La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en la Cámara, con votaciones que superaron los cien votos favorables, cerrando así su tramitación en el Congreso.
