La Cámara de Diputadas y Diputados sorteó este martes a los integrantes de la comisión especial encargada de revisar la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien es cuestionado por el manejo fiscal de las finanzas públicas durante el ejercicio de su cargo.
La instancia estará integrada por la diputada Marcela Hernando, quien asumirá la presidencia, junto a Joanna Pérez y los diputados Alejandro Bernales, Carlos Bianchi y Luis Sánchez.
La Sala tomó conocimiento del ingreso de la acusación y, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, procedió a designar mediante sorteo a los parlamentarios que deberán estudiar el libelo y emitir un informe sobre su procedencia.
La acusación fue presentada por un grupo de diputados y diputadas de oposición, quienes sostienen que el exsecretario de Estado habría infringido disposiciones constitucionales y legales vinculadas a la administración financiera del Estado, la programación presupuestaria y el control de las finanzas públicas.
Entre los argumentos expuestos en el documento se señala que Grau habría mantenido proyecciones fiscales cuestionadas pese a las advertencias realizadas por organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Dirección de Presupuestos.
El libelo contempla cuatro capítulos acusatorios. El primero apunta a una presunta vulneración de los principios de probidad, transparencia e integridad en la gestión financiera del Estado.
Los restantes se relacionan con eventuales infracciones a normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, vinculadas a los principios de coordinación, universalidad presupuestaria y consistencia de la programación financiera.
De acuerdo con el procedimiento establecido, la Cámara deberá notificar al exministro dentro de los próximos tres días. Una vez concretado ese trámite, Grau dispondrá de diez días para presentar su defensa ante la comisión, ya sea de manera presencial o por escrito.
Posteriormente, la comisión especial tendrá un plazo de seis días para analizar los antecedentes y elaborar un informe con una recomendación para la Sala, instancia que finalmente deberá pronunciarse sobre la acusación constitucional.
