Las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre la continuidad de la actual Política Nacional de Seguridad Pública generaron debate político y cuestionamientos respecto del rumbo que tomará el Ejecutivo en materia de combate a la delincuencia y el crimen organizado.
Luego de señalar durante esta semana que el Gobierno trabajará sobre la política impulsada en la administración del expresidente Gabriel Boric, este miércoles el secretario de Estado salió a precisar el alcance de sus dichos tras sostener una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
Al término del encuentro, Arrau destacó que la coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público será permanente. "Fue una muy larga reunión, pero es la primera de muchas reuniones de coordinación", afirmó.
El lunes, el ministro había sostenido que la actual Política Nacional de Seguridad Pública entrega "un marco suficiente" para enfrentar los fenómenos delictivos que afectan al país. Sin embargo, durante esta jornada buscó marcar diferencias entre una política de Estado de largo plazo y las estrategias específicas que cada administración puede desarrollar.
Gobierno apuesta por continuidad
Las declaraciones del ministro se producen en medio de un escenario marcado por el avance del crimen organizado, el aumento de los secuestros y la presión política para fortalecer las estrategias de seguridad pública.
En ese contexto, Arrau defendió la continuidad de programas que —según afirmó— han mostrado resultados positivos en evaluaciones técnicas, mencionando iniciativas históricas como el Plan Cuadrante y el MT-0 de la PDI.
El secretario de Estado insistió en que el desafío actual no pasa por reemplazar completamente las políticas existentes, sino por adaptarlas a nuevas dinámicas criminales que hace una década no tenían la magnitud actual en Chile.
"Hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, que hace unas décadas no era tal; está el fenómeno de los secuestros. Esto efectivamente va variando", señaló.
Asimismo, remarcó que las herramientas exitosas continuarán operando, mientras otras serán sometidas a evaluación técnica.
Estrategia propia bajo el marco legal vigente
Uno de los puntos que buscó aclarar el ministro fue la diferencia entre la Política Nacional de Seguridad Pública —que tiene una duración legal de seis años— y la estrategia operativa que cada Gobierno puede implementar durante su mandato.
En esa línea, confirmó que el Ejecutivo convocará próximamente al Consejo de Seguridad Pública y constituirá el consejo asesor contemplado por la normativa vigente, con el objetivo de formalizar la estrategia que actualmente ya se encuentra en aplicación.
"Lo que mandata la ley es que cada Gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes, y es lo que nosotros vamos a hacer", concluyó el ministro.
