La diputada Joanna Pérez presentó un proyecto de ley para enfrentar el aumento de los robos en zonas rurales mediante la creación de un sistema de trazabilidad documental y digital para insumos agropecuarios y bienes esenciales de la producción agrícola.
La propuesta apunta a fortalecer la seguridad rural y entregar nuevas herramientas de fiscalización a policías y autoridades, permitiendo controlar el origen, traslado, titularidad y destino de maquinarias, fertilizantes, pesticidas, sistemas de riego y otros elementos considerados críticos para el funcionamiento del sector.
La iniciativa fue dada a conocer luego de la participación de la parlamentaria en el seminario "Desafíos de Seguridad para el sector rural de Biobío", realizado el pasado viernes y organizado por el Observatorio de Delitos Rurales de SOCABIO junto a la Empresa Periodística Biobío, instancia donde se abordó el aumento de la violencia y los delitos que afectan al mundo agrícola.
Según explicó la diputada, el robo de maquinarias e insumos agrícolas "se ha transformado en uno de los principales problemas de seguridad del mundo rural", afectando especialmente a pequeños y medianos agricultores, encareciendo los costos de producción y generando una creciente sensación de abandono en los territorios rurales.
El proyecto establece obligaciones de identificación y trazabilidad para fabricantes, distribuidores, comercializadores, transportistas y compradores de bienes agropecuarios estratégicos, incorporando mecanismos físicos y digitales que permitan verificar la legalidad de los productos.
La iniciativa también recoge diagnósticos levantados por gremios y organismos especializados, entre ellos SOCABIO y el Observatorio de Delitos Rurales, que han advertido sobre el incremento de la violencia y las millonarias pérdidas económicas asociadas a este tipo de delitos en distintas regiones del país.
Además, la propuesta contempla la elaboración de un reglamento que definirá categorías de riesgo, protocolos de control y mecanismos de acción frente a robos, adulteraciones, falsificaciones o comercialización irregular de insumos agrícolas.
"Necesitamos atacar no solo el robo, sino también el mercado informal y las redes de reducción que hoy hacen rentable este delito. Requerimos una respuesta moderna, coordinada e inteligente para proteger la producción agrícola y fortalecer la seguridad rural", sostuvo la parlamentaria.