La seguridad pública y el control migratorio, dos de las principales banderas que llevaron a José Antonio Kast a La Moneda, comienzan a transformarse en el principal foco de desgaste político para el Ejecutivo. Así lo evidenció la última encuesta Plaza Pública Cadem, que mostró una caída de cuatro puntos en la aprobación presidencial, llegando a 36%, el nivel más bajo desde el inicio del mandato.
El descenso se produce en medio de un escenario marcado por crecientes cuestionamientos ciudadanos sobre la efectividad de las políticas de seguridad y migración impulsadas por el Gobierno. Aunque el 44% de los encuestados continúa asociando espontáneamente al Mandatario con "seguridad, delincuencia y orden público", la percepción mayoritaria apunta a que el Ejecutivo aún no logra transmitir una estrategia clara en esa materia.
Según el sondeo, un 64% aseguró no percibir un plan concreto de seguridad, mientras solo un 36% considera que sí existe una hoja de ruta definida para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. La desaprobación presidencial, en tanto, alcanzó el 58%, consolidando el peor momento político de Kast desde su llegada al poder.
Seguridad y migración concentran la presión sobre el Ejecutivo
La encuesta confirma que la seguridad sigue siendo el principal criterio con el que la ciudadanía evalúa la gestión gubernamental. Sin embargo, el respaldo inicial a las promesas de campaña comienza a erosionarse frente a la percepción de resultados insuficientes.
En materia migratoria, el endurecimiento de la opinión pública continúa profundizándose. Tres de cada cuatro personas consideran que Chile debería aplicar restricciones migratorias más severas que las actuales, mientras el 60% cree que la inmigración tiene efectos negativos para el país.
El apoyo ciudadano también se concentra en medidas de control más estrictas. Un 85% respaldó sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular y un 84% apoyó expulsar a quienes ingresaron ilegalmente al país. Además, un 72% se manifestó a favor de establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal.
La preocupación ciudadana se vincula principalmente a la percepción de aumento de la delincuencia y presión sobre servicios públicos. Un 88% afirmó que la inmigración impacta negativamente en la seguridad y un 70% estimó que afecta el acceso a prestaciones estatales.
Plan Escudo Fronterizo muestra señales de desgaste
Uno de los puntos más sensibles para el Gobierno aparece en la evaluación del denominado "Plan Escudo Fronterizo", iniciativa emblemática del Ejecutivo que contempla zanjas, drones, radares y presencia militar en zonas limítrofes.
Aunque el programa mantiene una aprobación mayoritaria de 57%, el respaldo cayó seis puntos respecto de marzo. Más significativo aún es que solo la mitad de los encuestados cree que las medidas serán efectivas para cerrar la frontera y reducir el ingreso irregular al país.
El escepticismo también alcanzó una de las promesas más emblemáticas de la campaña presidencial: expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares. Un 61% considera que esa meta era imposible de cumplir, mientras el 65% estima que la mayoría de los migrantes irregulares continuará en Chile hacia fines de 2026.
Pese al respaldo mayoritario a políticas migratorias más estrictas, la encuesta también reveló matices relevantes en la percepción ciudadana.
El 77% se mostró favorable a regularizar a inmigrantes que lleven más de diez años viviendo en Chile sin antecedentes penales, mientras un 60% apoyó entregar regularización a quienes acrediten empleo formal.
La cifra baja al 40% cuando se trata de regularizar a personas con hijos nacidos en Chile, reflejando que el apoyo ciudadano depende directamente de criterios vinculados a integración laboral, permanencia y ausencia de delitos.
El estudio de opinión también expuso un deterioro generalizado en la percepción sobre el rumbo del país. La mayoría de los encuestados considera que Chile va por un "mal camino", en un contexto donde predominan visiones negativas sobre empleo, consumo y crecimiento económico.
En paralelo, las instituciones con mayores niveles de confianza siguen siendo Bomberos, la PDI y Contraloría, mientras los partidos políticos, el Congreso y los medios de comunicación permanecen en los últimos lugares de evaluación ciudadana.