Las críticas y cuestionamientos que surgieron tras la propuesta del Ejecutivo para acceder a información de migrantes irregulares desde instituciones de salud, educación y previsión llevaron al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a precisar el alcance de la medida y descartar que implique mecanismos de denuncia obligatoria.
En entrevista con Tele13 Radio, la autoridad sostuvo que el objetivo de la iniciativa es exclusivamente facilitar las notificaciones en procesos administrativos de expulsión ya iniciados y no generar un sistema de vigilancia masiva sobre personas extranjeras en situación irregular.
Según explicó Pavez, el procedimiento de expulsión administrativa contempla etapas formales establecidas por ley, entre ellas la notificación personal de la persona involucrada. Sin embargo, afirmó que uno de los principales obstáculos para concretar estos procesos ocurre cuando quienes enfrentan una eventual expulsión cambian de domicilio sin actualizar sus antecedentes ante el Estado.
Información solo para notificaciones
El subsecretario enfatizó que la facultad de solicitar antecedentes a organismos públicos o privados operará únicamente cuando exista un procedimiento de expulsión en curso y bajo competencias definidas de instituciones como la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones.
En ese contexto, detalló que los organismos podrán requerir información reservada a entidades previsionales, de salud o educación con el fin de ubicar a las personas involucradas y avanzar en las notificaciones legales correspondientes.
"La información que se obtenga es para hacer las notificaciones respectivas", indicó Pavez, insistiendo en que la propuesta no contempla deberes de denuncia para funcionarios o instituciones.
