La Contraloría General de la República (CGR) determinó que las municipalidades podrán entregar elementos de protección personal a alcaldes, concejales y funcionarios municipales que enfrenten amenazas vinculadas al ejercicio de sus funciones, siempre que existan denuncias previas y medidas de resguardo decretadas por organismos competentes.
La medida quedó establecida en el Dictamen N° D262/2026, donde el organismo precisó que este tipo de adquisiciones deberá tener carácter excepcional y transitorio, además de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de cada municipio.
REQUISITOS PARA APLICAR MEDIDAS DE RESGUARDO
Según lo informado por la Contraloría, la entrega de elementos de seguridad deberá estar respaldada por informes o evaluaciones técnicas emitidas por organismos policiales o por disposiciones del Ministerio Público.
Asimismo, el dictamen señala que estas medidas solo podrán mantenerse mientras persista la situación de riesgo o amenaza contra las autoridades o funcionarios afectados.
El pronunciamiento también se sustenta en las facultades municipales en materia de seguridad pública y en el deber de resguardar condiciones adecuadas para el ejercicio de funciones públicas.
CONCEJALES Y FUNCIONARIOS INCLUIDOS
La resolución aclara que, aunque los concejales no se rigen por el estatuto administrativo municipal, ello no impide que los municipios adopten medidas destinadas a proteger su integridad física.
Además, la Contraloría enfatizó que las amenazas contra autoridades o trabajadores municipales pueden constituir delitos, por lo que deben ser denunciadas previamente ante el Ministerio Público conforme a la normativa vigente.