Un amplio informe de inspección al aparato estatal encendió señales de alerta en torno al uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos del país. El documento —analizado en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal— revisó datos correspondientes a 2025 y al período comprendido hasta el 10 de marzo de 2026.
El levantamiento, considerado inédito por su alcance, se construyó sobre la base de más de 213 millones de registros provenientes de distintas plataformas administrativas, transaccionales y de transparencia.
Transferencias millonarias y compras reiteradas
Entre los principales hallazgos figuran transferencias y convenios por más de USD 140 millones dirigidos a entidades con menos de un año de antigüedad, un antecedente que abrió cuestionamientos sobre los criterios de asignación.
A esto se suman más de 65 mil adquisiciones realizadas mediante el mecanismo de "Compra Ágil", donde se detectó que un mismo proveedor recibió múltiples contrataciones en una sola jornada, lo que levanta dudas sobre la fragmentación de compras y eventuales prácticas poco competitivas.
En paralelo, el informe identificó más de mil contratos que comprometen recursos fiscales a mediano y largo plazo, además de más de 2.500 incorporaciones a plantas de servicios registradas en los últimos meses de 2025.
Convenios sin rendición y licencias prolongadas
Otro de los focos críticos apunta a más de mil convenios que ya fueron terminados y completamente pagados, pero que mantienen montos sin rendir que superarían los USD 50 millones.
El documento también advierte sobre la existencia de cerca de 100 mil funcionarios con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extendieron por más de un año, lo que genera preocupación en torno al control y seguimiento de estos procesos.
A ello se agregan traspasos masivos de personal desde modalidad a honorarios hacia contrata, así como la asignación de recursos a programas que presentan evaluaciones calificadas como insuficientes o derechamente deficientes.
Desde el Ejecutivo, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, precisó que los antecedentes expuestos "no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas", aunque sí representan señales que justifican una revisión más profunda.
Próximas etapas de la auditoría
El proceso de revisión continuará en las próximas semanas con nuevas etapas de recopilación y análisis de información. Según el cronograma:
Posteriormente, se realizará la consolidación de los hallazgos, etapa que podría derivar en la remisión de antecedentes a otros organismos competentes para eventuales acciones administrativas o legales.
