La remoción de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, continúa generando interrogantes luego de la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada el lunes 6 de abril.
En dicha instancia, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, expuso ante los parlamentarios, quienes solicitaron antecedentes respecto a la salida de la funcionaria y la eventual participación de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, en la decisión.
CRONOLOGÍA DEL CASO Y ANTECEDENTES PREVIOS
De acuerdo con información difundida en distintos medios, el 13 de marzo de 2026 la ministra de Seguridad emitió un oficio reservado dirigido a la PDI, a menos de 48 horas de asumir el cargo.
Posteriormente, el 21 de marzo, se concretó la salida de Consuelo Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia, pasando a retiro desde esa fecha.
Este contexto fue parte de lo abordado en la comisión, donde se buscó esclarecer los fundamentos de la decisión y la eventual intervención de la autoridad ministerial.
RESPUESTAS BAJO RESERVA EN LA COMISIÓN
En ese contexto, y en contacto con Diario La Tribuna, el diputado por el distrito 21, Patricio Pinilla, quien participó en la sesión, entregó su evaluación respecto a lo expuesto por el director general de la PDI ante la instancia.
Según explicó el parlamentario, durante la comisión se abordaron los fundamentos de la salida de la funcionaria, sin que se entregaran detalles sobre las motivaciones de la decisión.
En la misma línea, el diputado abordó el oficio reservado emitido por la ministra el 13 de marzo y su eventual relación con la decisión posterior.
Asimismo, el parlamentario indicó que también se consultó por la eventual existencia de requerimientos directos desde la autoridad ministerial hacia la jefatura de la PDI, aspecto que tampoco fue precisado durante la sesión.
OFICIO A CONTRALORÍA Y REVISIÓN EN CURSO
En paralelo, el caso se encuentra en revisión por parte de la Contraloría General de la República (CGR), a partir de un requerimiento ingresado el 26 de marzo por el diputado Patricio Pinilla, en el que se solicita un pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones de la ministra.
El documento pide que se determine, entre otros aspectos, si existió un eventual conflicto de interés al solicitar información sobre funcionarios con quienes mantuvo vínculos profesionales previos, así como si la solicitud de antecedentes y la posterior remoción de la subdirectora se ajustaron al marco legal vigente.
El requerimiento también pone énfasis en la rapidez de los hechos, considerando que el oficio fue emitido a menos de 48 horas de asumido el cargo y que la salida de la funcionaria se concretó pocos días después, antecedentes que deberán ser analizados por el organismo fiscalizador.