La Contraloría General de la República emitió un nuevo instructivo dirigido a los integrantes del gabinete del Presidente José Antonio Kast, reforzando las normas de conducta, transparencia y probidad que deben regir el ejercicio de sus funciones.
El documento —identificado como IN14/2026 y fechado el 27 de marzo— fue firmado bajo la conducción de Dorothy Pérez y establece una serie de obligaciones orientadas a resguardar el interés público por sobre cualquier consideración personal.
Deber de abstención y conflictos de interés
Uno de los ejes centrales del instructivo apunta al deber de abstención. En concreto, se recalca que los ministros deberán marginarse de decisiones en las que exista algún tipo de conflicto de interés, incluso cuando este sea potencial.
Desde el organismo se advierte que la reiteración de este tipo de situaciones podría comprometer el correcto desempeño del cargo, abriendo la puerta a observaciones formales e incluso cuestionamientos a la designación de la autoridad involucrada.
En materia de transparencia, el instructivo fija plazos claros para la Declaración de Intereses y Patrimonio. Esta deberá presentarse dentro de los 30 días posteriores a asumir funciones y actualizarse anualmente durante el mes de marzo.
La Contraloría enfatizó que se fiscalizará la "oportunidad, integridad y veracidad" de la información entregada. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones que van desde multas hasta la destitución, en casos graves o reiterados.
El documento también aborda la gestión patrimonial de las autoridades, instruyendo la delegación o enajenación de bienes cuando exista riesgo de conflicto de interés.
Esto incluye la obligación de transferir la administración de activos financieros a terceros o desprenderse de participaciones en empresas que mantengan vínculos con el Estado, ya sea como proveedoras, concesionarias o entidades reguladas por el respectivo ministerio.
Otro punto relevante es el cumplimiento de la Ley de Lobby. El instructivo establece que los ministros deberán mantener actualizados sus registros de agenda pública, incluyendo audiencias, reuniones, viajes oficiales y donativos, los que deberán publicarse mensualmente.
En paralelo, se refuerza el principio de prescindencia política, prohibiendo el uso de dependencias o recursos públicos para actividades de carácter contingente o partidista.
Test de drogas y control permanente
En su apartado final, el documento incorpora nuevas exigencias, como la obligación de someterse periódicamente a exámenes de detección de consumo de drogas. Los resultados de estos controles deberán ser públicos, en línea con los estándares de transparencia impulsados por el organismo fiscalizador.
La Contraloría cerró el instructivo subrayando que todas estas disposiciones serán objeto de control estricto en el marco de sus atribuciones legales, reafirmando su rol en la supervisión del correcto funcionamiento de la administración del Estado.
