El Presidente José Antonio Kast firmó este jueves el decreto que da vida a la nueva ley de emergencia energética, una iniciativa orientada a mitigar el impacto del alza de los combustibles en los hogares y el transporte público.
La promulgación, realizada en el Palacio de La Moneda, se produce en una jornada de movilizaciones en la capital, contexto en el cual el Mandatario hizo un llamado directo a evitar acciones que afecten a terceros, especialmente en servicios esenciales como el transporte.
Foco en estabilización de precios y apoyo al transporte
El eje central de la normativa apunta a amortiguar el impacto del alza internacional del crudo —asociado al conflicto en Medio Oriente— sin recurrir a un mayor endeudamiento fiscal.
Entre las principales disposiciones se contempla fortalecer el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), facultando al Ministerio de Hacienda para inyectar hasta 60 millones de dólares desde activos del Tesoro Público. Esta herramienta busca contener particularmente el precio de la parafina, manteniéndolo en niveles similares a los registrados antes del reciente incremento global.
En paralelo, la ley introduce ajustes al impuesto específico a los combustibles, estableciendo un esquema de deducciones diferenciadas según el nivel de ingresos de los contribuyentes. Los tramos más bajos acceden a una rebaja de hasta el 80%, mientras que los segmentos de mayores ingresos obtendrán descuentos progresivamente menores.
Subsidio directo y tarifas congeladas
Otro de los pilares de la iniciativa es la creación de un subsidio temporal al transporte público remunerado. Desde abril y por un período de seis meses, propietarios de taxis, colectivos y transporte escolar recibirán un aporte mensual de 100 mil pesos, destinado exclusivamente a la compra de combustibles.
Asimismo, el Gobierno confirmó el congelamiento de la tarifa del sistema Red Metropolitana de Movilidad hasta diciembre de 2026. En regiones, se aplicará un mecanismo de compensación bajo el concepto de "espejo", con el objetivo de equilibrar los recursos destinados al transporte público.
Durante la ceremonia, el Presidente defendió la estrategia fiscal adoptada, señalando que evitar un mayor endeudamiento responde a una política de responsabilidad económica. En esa línea, también abordó el debate sobre la situación financiera del Estado, indicando que "no se puede ocultar la realidad" frente a las restricciones actuales.
Finalmente, valoró el respaldo transversal del Congreso en la tramitación de la ley, destacando la rapidez de su despacho como una señal de cohesión política ante un contexto complejo.
