Una controversia jurídica se instaló en las últimas horas en torno al retrato oficial del presidente electo José Antonio Kast, luego que se ingresara una denuncia ante la Contraloría General de la República cuestionando la legalidad de la imagen difundida por su equipo.
La presentación fue realizada por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, quien sostiene que la fotografía vulneraría la normativa vigente al incorporar el escudo nacional en la banda presidencial.
El retrato fue dado a conocer esta semana por el equipo del mandatario electo, en el marco del proceso habitual previo al traspaso de mando. Tradicionalmente, la imagen oficial debe estar disponible con anticipación para que el Gobierno saliente ordene su impresión y distribución en las reparticiones públicas del país.
De acuerdo con el calendario institucional, el nuevo retrato comenzaría a exhibirse a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá la nueva administración.
Sin embargo, la inclusión del escudo nacional en la banda tricolor abrió un debate jurídico respecto de su apego a la ley.
¿Qué establece la Ley 2.597?
Según expone la denuncia, el artículo 2° de la Ley 2.597 regula expresamente los componentes de la banda presidencial, sin contemplar la incorporación del escudo nacional ni de otros elementos adicionales.
"La Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior", establece la norma, según consigna la Biblioteca del Congreso Nacional.
En conversación con Meganoticias.cl, Rendón argumentó que si el legislador reguló de manera específica las características de la banda, "es por algo, y tiene que ser respetada". Añadió que desde el retorno a la democracia ningún presidente ha incorporado el escudo en la banda al momento de posar con ella.
En su presentación ante la Contraloría, el abogado solicitó que se oficie a la Presidencia de la República para suspender la impresión y reproducción de la fotografía mientras no exista un pronunciamiento definitivo del órgano contralor.
El objetivo, explicó, es evitar un eventual uso indebido de recursos públicos, considerando que la imagen debe ser distribuida en todas las oficinas estatales del país. De prosperar la denuncia, el gasto asociado podría resultar cuestionado si se determina que la fotografía no se ajusta a derecho.
"Una señal de apego a la ley"
Rendón planteó que, a su juicio, la salida más prudente sería que la Oficina del Presidente Electo enviara una nueva imagen que cumpla estrictamente con lo establecido en la ley.
Hasta ahora, desde el equipo de José Antonio Kast no se ha informado oficialmente si evaluarán modificar el retrato o si esperarán el pronunciamiento de la Contraloría para definir los pasos a seguir.
