El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que revoca las visas de entrada al país de tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes acusa de haber participado en acciones que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional en el hemisferio occidental.
La decisión fue comunicada mediante una declaración oficial firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, fechada el 20 de febrero de 2026.
Restricción de ingreso y revocación de visas
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, los tres funcionarios "dirigieron, autorizaron, financiaron o brindaron apoyo significativo" a actividades que habrían vulnerado infraestructuras estratégicas de telecomunicaciones, consideradas clave para la seguridad regional.
Como consecuencia, Estados Unidos determinó que los involucrados y sus familiares directos no podrán ingresar a territorio estadounidense. Asimismo, se informó la revocación de cualquier visa vigente que estos mantuvieran.
Las medidas fueron adoptadas en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, normativa que faculta a la autoridad estadounidense a restringir el ingreso por razones de seguridad y política exterior.
Señales políticas y mensaje a Chile
En la declaración pública, Rubio sostuvo que la decisión "reafirma el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región".
El secretario de Estado agregó que su país continuará promoviendo la rendición de cuentas de "ciudadanos chilenos que trabajan intencionadamente para desestabilizar nuestro hemisferio", en una alusión directa a los funcionarios sancionados.
En el mismo documento, Washington proyectó su expectativa de avanzar en prioridades comunes con la próxima administración chilena encabezada por José Antonio Kast, marcando un contraste político con el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric, cuyo mandato fue mencionado de manera crítica en la declaración.
De momento, no se ha informado oficialmente la identidad de los tres funcionarios afectados ni se conocía una reacción formal por parte del Ejecutivo chileno.
