Tras el sismo político que ocasionó la captura de Nicolás Maduro, los gobiernos de Argentina y Perú reaccionaron con celeridad y ordenaron el cierre de sus fronteras a figuras clave del chavismo. Ambas naciones sudamericanas establecieron un "cordón sanitario" diplomático y migratorio dirigido específicamente contra aquellos vinculados al aparato de poder del régimen venezolano.
De acuerdo a lo indicado por ADN Radio, la administración argentina fue la primera en comunicar la decisión. Desde Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la Dirección Nacional de Migraciones, en conjunto con otros organismos estatales, resolvió limitar drásticamente el ingreso al país.
La medida afectó directamente a funcionarios del régimen, integrantes de las fuerzas armadas, empresarios afines y personas que figuraron en las listas de sancionados por Estados Unidos. Adorni fue enfático al explicar el propósito de la resolución: evitar que Argentina se convirtiera en una vía de escape. "Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país", sostuvo el funcionario.
Horas más tarde, el Ejecutivo peruano confirmó que avanzó en la misma dirección estratégica. El Ministerio del Interior de Perú, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional, activó disposiciones migratorias de aplicación inmediata.
Las autoridades peruanas dirigieron estas restricciones a ciudadanos venezolanos ligados a Maduro, especialmente aquellos con sanciones internacionales vigentes. El objetivo central consistió en impedir su entrada para evitar que el territorio peruano fuese utilizado como plataforma para eludir procesos judiciales pendientes. Desde Lima recalcaron que estas decisiones se adoptaron en estricto ejercicio de su soberanía nacional y como una acción necesaria para resguardar el orden interno y la seguridad del país.
