La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció este miércoles que presentará una Acusación Constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que habría significado un cobro indebido a los consumidores durante los últimos cuatro semestres.
El informe técnico de la CNE detectó que en los procesos de estabilización tarifaria previos se aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando un incremento de hasta un 9% en las cuentas de la luz, cifra superior a lo permitido por la normativa.
Desde la oposición, el secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, calificó el hecho como una negligencia grave.
La ofensiva fue encabezada por el presidente del partido, Guillermo Ramírez, junto a Coloma, el jefe de bancada Henry Leal y el presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay. Los parlamentarios argumentaron que la firma de los decretos tarifarios por parte del ministerio constituye una violación de la ley y de normas constitucionales, al permitir un aumento indebido en los valores eléctricos.
"Aquí no solo ha existido una falta de supervisión y control en un área tan sensible como la fijación de precios de la energía, sino que también una vulneración al principio de probidad y responsabilidad política del jefe de la cartera", acusaron los dirigentes.
Llamado a la renuncia del ministro Pardow
Desde el oficialismo también surgieron críticas. El diputado socialista Marcos Ilabaca, presidente de la subcomisión de reglamento de la Cámara, calificó la situación como un escándalo y pidió la salida del ministro.
¿Qué implica una Acusación Constitucional?
De acuerdo con la Constitución, esta acción puede presentarse contra ministros de Estado, gobernadores, magistrados, el contralor general de la República, generales o delegados presidenciales. La Cámara de Diputados es la encargada de declarar si la acusación es admisible por mayoría simple, mientras que el Senado define la culpabilidad con el voto de dos tercios de sus miembros.
Si se declara culpable, la autoridad es destituida y queda inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.
