Política

Reforma sobre dieta de expresidentes no alcanza respaldo en la Cámara de Diputados

El proyecto, que buscaba fijar como única renta una dieta equivalente a la de un ministro de Estado, fue rechazado y enviado a archivo por falta de quórum.

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Presidentes_de_Chile / FUENTE:

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados no alcanzó el quórum requerido para aprobar la reforma constitucional que buscaba redefinir la normativa relativa a la dieta de los expresidentes de la República.

La propuesta, al no superar la votación necesaria, fue enviada a archivo.

VOTACIÓN Y ORIGEN DE LA INICIATIVA

El proyecto, previamente despachado por la Comisión de Constitución, obtuvo 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones. Sin embargo, la normativa exigía 87 votos afirmativos para su aprobación, cifra que no se logró alcanzar.

La iniciativa tenía su origen en once mociones refundidas. Estas mociones incluían propuestas que iban desde la eliminación total de la dieta hasta la implementación de asignaciones acotadas.

Entre las alternativas planteadas se contemplaba el establecimiento de una dieta temporal para facilitar la reinserción laboral de quien ejerciera la Presidencia, así como también la opción de entregar el beneficio a partir de los 65 años. Esta última idea quedó sin discusión, debido al rechazo general a la idea de legislar.

CONTENIDO DEL PROYECTO RECHAZADO

La reforma apuntaba a modificar el capítulo IV de la Constitución, correspondiente a las normas del Presidente de la República, donde además se consagra la dignidad oficial de expresidente para quienes cumplan un periodo completo en el cargo.

El texto proponía que los exmandatarios percibieran, como única renta, una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, sin posibilidad de recibir asignaciones adicionales con recursos públicos.

Además, se especificaba que esta dignidad no aplicaría a quienes asumieran la Presidencia por vacancia, ni a aquellos destituidos tras un juicio político.

También se establecía que los expresidentes perderían el derecho a la dieta si asumían funciones remuneradas, ya fuera en el sector público o privado, mientras las desempeñaran. Tampoco podrían recibirla en caso de postularse como candidatos a cargos de elección popular.




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