Chile acaba de dar un paso significativo en materia de derechos de la infancia. Tras doce años de tramitación, el Congreso Nacional aprobó, de forma transversal, la nueva Ley de Adopción.
PERO, ¿EN QUE COSISTE ESTE CAMBIO?
Esta normativa largamente esperada reemplaza a la Ley 19.620 vigente desde 1999. Esta reforma no solo simplifica los procesos judiciales, sino que busca garantizar que ningún niño o niña crezca por años en la incertidumbre institucional, sin una familia que le brinde estabilidad afectiva.
De acuerdo a lo explicado por Isabel Warnier, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), uno de los cambios más relevantes es la eliminación del antiguo orden de prelación que privilegiaba a ciertos tipos de familias por sobre otros.
Esto implica que ya no se dará prioridad automática a parejas heterosexuales casadas, por ejemplo, abriendo así la posibilidad de adoptar a personas solteras, convivientes o de la diversidad sexual, en igualdad de condiciones, siempre que se garantice el bienestar del niño.
PLAZOS MÁS HUMANOS: DE 8 AÑOS A UN MÁXIMO DE 2
En ese mismo sentido, según sostuvo Warnier, uno de los aspectos más revolucionarios de la nueva ley es el establecimiento de plazos concretos para resolver los procesos de adopción pues anteriormente los trámites podían extenderse por años.
"El procedimiento podía tardar hasta ocho años para que un niño pudiese ser adoptado e insertarse en una familia", afirmó. "Era un proceso muy engorroso. Había un juicio de susceptibilidad de la adopción, luego otro juicio largo con múltiples citaciones a familiares, entrevistas, diligencias que ralentizaban el proceso".
La nueva legislación establece que el plazo máximo para resolver una adopción será de entre 12 y 24 meses, lo que representa una mejora sustancial respecto del sistema anterior.
De hecho, Chile se convierte en el tercer país del mundo en fijar tiempos máximos para buscar soluciones definitivas para niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias de origen.
UN NUEVO ROL PARA LOS JUECES Y LA PROTECCIÓN DE LOS VÍNCULOS
De igual manera el nuevo marco legal también otorga nuevas facultades al juez de familia, quien podrá declarar la adopción en la misma audiencia preparatoria, siempre que el menor haya sido previamente declarado susceptible de adopción.
Esta medida tiene como propósito dotar de mayor celeridad a los procedimientos, sin menoscabar las garantías procesales de las partes involucradas.
Según la profesora Warnier la ley introduce la posibilidad de preservar vínculos significativos del niño o niña con su familia biológica o extensa.
Este enfoque responde a una visión más realista y humana del proceso, reconociendo que muchos niños y adolescentes han desarrollado lazos afectivos que pueden ser fundamentales para su desarrollo emocional.
FAMILIAS DE ACOGIDA
Otro principio rector de esta nueva legislación es la adopción como medida subsidiaria, es decir, como una última opción, después de haber agotado todos los esfuerzos por mantener al niño con su familia de origen.
En ese sentido, se reconoce por primera vez el derecho de ciertas familias de acogida a adoptar, cuando se haya generado un vínculo emocional duradero.
Así lo valoran desde Fundación ProAcogida, organización que ha impulsado esta reforma durante años, "los niños no son muebles que se pueden trasladar de un hogar a otro. Son personas con historia, afectos y raíces. Esta ley reconoce esa complejidad y permite que, si es beneficioso para el desarrollo del niño, se mantengan esos lazos", indicaron.
Pese al avance que representa esta nueva normativa, desde Fundación ProAcogida advierten que su implementación requerirá un compromiso real del Estado. Aseguran que sin presupuesto, personal capacitado y reformas adicionales, la ley podría quedar en letra muerta.
Agregan que es urgente avanzar en el proyecto de ley de tribunales, en la armonización normativa y en una Ley de Presupuestos 2025 que considere las transformaciones que esta reforma exige.
