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El Senado chileno decidirá este lunes si aprueba o rechaza al tercer candidato a fiscal nacional del presidente Gabriel Boric tras haber impugnado sus dos propuestas anteriores, algo inédito en la historia del país.
El abogado Ángel Valencia expondrá sus argumentos para ser designado fiscal ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y luego el pleno de la Cámara Alta lo votará a partir de las 16:00 hora local (19:00 GMT).
Valencia, que necesita el voto favorable de 33 de los 50 senadores, es abogado de la Universidad de Chile y trabajó como asesor de la Fiscalía Regional de Aysén (sur) y como fiscal adjunto en las Fiscalías de Valparaíso (centro) y Metropolitana Sur entre 2002 y 2006.
Desde el año 2006, Valencia ejerce como abogado privado especializado en la "litigación de causas penales", según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En Chile, el fiscal nacional es designado por el presidente de la República, que escoge a uno de los cinco candidatos propuestos por la Corte Suprema y debe ser ratificado por los dos tercios del Senado.
Desde la creación del Ministerio Público en el año 2000 con la implementación de la reforma procesal penal, es la primera vez que el Senado impugna a candidatos designados por el presidente.
José Morales Opazo, actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, no consiguió el pasado 30 de noviembre los dos tercios necesarios para ser ratificado como fiscal nacional.
Boric nominó después a Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y quien tampoco recibió el beneplácito de la Cámara Alta el pasado 19 de diciembre.
La oposición acusa a Boric de no buscar consensos en el Senado, donde no tiene mayoría, mientras que desde el oficialismo señalan a los senadores de derechas de "apropiarse" de una facultad presidencial y querer influir demasiado en la elección del nuevo fiscal.
El Ministerio Público se encuentra descabezado desde finales del pasado septiembre cuando Jorge Abbott dejó el cargo al cumplir el límite de edad de 75 años.
La designación de un nuevo fiscal nacional coincide con una crisis de inseguridad inédita, causada por el incremento del crimen organizado y la delincuencia.
También tiene lugar en plena polémica tras la renuncia de la ya exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por el otorgamiento de 12 indultos presidenciales a presos condenados por diferentes delitos en el marco del estallido social de octubre de 2019 y a un ex integrante del grupo armado opositor a la dictadura Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
En el caso de que Valencia sea rechazado, la Corte Suprema deberá decidir si rellena su cupo o arma una lista con cinco nuevos candidatos.
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