Construcción de hospitales, caminos, viviendas, jardines infantiles, entre otras obras, se han visto afectadas y hasta paralizadas por el abandono y quiebra, en algunos casos, de sendas empresas constructoras; esto debido -en gran medida- por el alza progresiva de los materiales de construcción, falta de stock, alza del petróleo y contexto internacional, tal como se reconoció durante la sesión especial del Senado que abordó el problema, que tiene un “impacto real en las regiones y comunidades”.
El fenómeno ha afectado, además de a la industria y a la ciudadanía, al empleo del sector, “por eso hemos buscado medidas orientadas a cuidar los contratos que las empresas tiene con el Ministerio... y nos permita enfrentar el 2023 con una industria y un Estado más robustos”, sentenció el ministro de obras públicas, Juan Carlos García.
García reconoció que la crisis vivida el 2021 y 2022 es "inédita y de gran impacto, considerando que son 35 mil los trabajadores contratistas en obras en ejecución".
En este escenario precisó que el año recién pasado fueron 47 las empresas en liquidación y/o quiebra; 96 obras paralizadas de 39 empresas en el área vial, arquitectura, entre otras.
Para hacer frente a lo descrito, el ministro señaló que se han buscado soluciones alternativas, además de acortar los plazos de recontratación; mientras que para las obras que presentaron problemas en su ejecución (95 obras) se ha llevado a cabo seguimiento, apoyo e implementación inmediata en el proceso de reajuste retroactivo y asesoría en buscar alternativas de financiamiento.
Entre los desafíos 2023 mencionó el reajuste retroactivo excepcional, para los contratos de Agua Potable Rural (APR); mecanismo de reajuste excepcional; agenda de productividad; agilización de procesos con impacto en el mediano y largo plazo, modificación de contratos y acciones pro PYME, economía circular; y garantía estatal para empresas de la construcción.
