La Sala de la Cámara aprobó la resolución que solicita al Presidente de la República y a los ministros de Hacienda y de la Secretaria General de la Presidencia, adoptar todas las medidas legales y administrativas que sean necesarias para que el Estado deje de cobrar contribuciones a los propietarios de tierras y predios ubicados en el sur del país y que han sido objeto de usurpación.
La resolución fue aprobada por 91 votos a favor, 21 en contra y 11 abstenciones. En ella se recalca que los delitos de usurpación y toma de terrenos han aumentado en la zona sur del país.
Frente a esto, los propietarios deben lidiar con el uso ilegal de sus tierras y con la obligación fiscal de seguir pagando las contribuciones.
En específico, se plantea que esta obligación genera un doble agravio a los propietarios afectados.
Asimismo, se reconoce que este impuesto territorial se utiliza para un fin loable como es el financiamiento de bienes y servicios en beneficio de la comunidad. Pero, agrega la resolución, no parece razonable que los dueños de predios usurpados deban seguir pagando estos tributos.