Solicitan incorporar el síndrome de Tourette a las Garantías Explícitas en Salud GES

La diputada del distrito 21 Joanna Pérez solicitó al Presidente Gabriel Boric un proyecto de resolución para solicitar la incorporación del síndrome de Tourette al régimen de Garantías Explícitas en Salud -GES- para alivianar los altos costos económicos que deben solventar las familias para aliviar un trastorno que, si bien no tiene cura, puede ser controlado con una intervención médica adecuada y oportuna.

El documento presentado junto a otros parlamentarios señala que se estima que alrededor de 18 mil menores de edad enfrentan en nuestro país esta condición, caracterizada por la manifestación de movimientos bruscos, espasmos y gritos, y de la cual se desconocen con exactitud sus causas, a pesar que se sabe que corresponde a un trastorno neurológico, crónico y eventualmente genético que se manifiesta preferentemente durante la infancia y la adolescencia, sin que llegue a afectar la capacidad intelectual. A pesar de ello, es habitual que las personas afectadas tengan que soportar burlas, lo que es especialmente grave porque ocurren a una edad en la que las personas carecen de las herramientas emocionales para defenderse y evitar que los malos tratos tengan consecuencias en el desarrollo de su personalidad.

Junto con lo anterior, el documento agrega que solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, a través de su Ministra de Salud, disponga a la brevedad una revisión del proceso de análisis de la situación nacional en relación a la magnitud del problema generado por el Síndrome de Tourette, dado que la anterior administración se comprometió a hacer ese estudio sin que se tuviera respuesta respecto de las eventuales conclusiones. Asimismo, una vez cumplida esa etapa, solicitar que se tomen las medidas necesarias para incorporar el tratamiento de quienes padecen esa condición a la ley N°19.966 que Establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, dado el alto costo de la atención médica y el impacto social que deben afrontar los menores de edad y sus familias.