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La Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un
informe sobre Chile publicado el viernes, afirmó que, durante las recientes
protestas masivas y estado de emergencia, Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas
incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas
y uso de la fuerza.
El informe
de 30 páginas fue elaborado por un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de
la ONU, que dedicó las tres primeras semanas de noviembre a investigar la
situación en siete regiones de Chile. Detalla extensas alegaciones -con
ejemplos específicos- de tortura, malos tratos, violación y otras formas de
violencia sexual por Carabineros contra personas detenidas, muchas de las
cuales habrían sido detenidas arbitrariamente. Según información oficial, más
de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre,
aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad.
LAS CONCLUSIONES
El informe
señala que, a partir de información recogida de una amplia variedad de fuentes,
"Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir
entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos".
Durante su
misión, el equipo documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y
24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas
adolescentes, perpetrados por miembros de Carabineros y militares. Señala que
el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas
con cientos de este tipo de casos.
Basándose
en información del Ministerio Público, que ha dicho que existen investigaciones
en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas,
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura que pudo verificar la
información sobre 11 de estas 26 muertes. De estas 11, el informe afirma que
cuatro casos constituyeron "privación arbitraria de la vida y otras
muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado". En dos de estos
casos, se señala que "parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de
armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares
y contra personas que no estaban participando en actos de violencia. Esto
contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza
y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución
extrajudicial".
El informe
cita la cifra del Ministerio de Justicia de 4.903 personas heridas hasta el 10
de diciembre, incluidos 2.792 oficiales de Carabineros, pero hace notar que
otras fuentes sugieren la existencia de un mayor número de personas heridas.
Señala que hubo un "uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales,
en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o
fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas
de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas,
incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos,
sino que protestaban pacíficamente."
Según el
informe, el número alarmantemente alto de personas con heridas oculares o
faciales (aproximadamente 350) demuestra que hay razones fundadas para creer
que "se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada,
en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de
heridas". Señala asimismo que, si bien las heridas oculares resultaron
principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del
"uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en
algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno."
El informe
señala que las autoridades "tenían información sobre el alcance de las
lesiones desde el 22 de octubre. Sin embargo, no se tomaron medidas eficaces,
expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales,
especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. La pronta acción
de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran
heridas graves". Por otra parte, el informe hace notar varios fallos
recientes de Cortes de Apelaciones en todo el país que han restringido el uso
de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas, y que también han
limitado o prohibido el uso de gases lacrimógenos en ciertos lugares (por
ejemplo, hospitales).
Entre las
recomendaciones al Estado de Chile, el informe recomienda "el cese
inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlas las
manifestaciones." También hace un llamado a limitar el uso de gases
lacrimógenos a situaciones en que sea "estrictamente necesario, y nunca
dentro de establecimientos educativos y de salud", añadiendo que los
oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso
adecuado de gases lacrimógenos, incluido asegurando que los cartuchos de gas
lacrimógeno siempre "se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca
horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales".
REACCIONES
Desde La
Moneda comentaron inmediatamente el informe de la ONU en la misma línea que lo
ha hecho con los anteriores. El ministro
de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, aseguró que ninguno de los informes
de organismos internacionales plantea que hayan habido violaciones graves y
sistemáticas, por eso tenemos que revisar los informes, ver las conclusiones,
cómo mejorar procedimientos internos. Es un tema que no solo tiene interés en
el gobierno, sino también en Carabineros de Chile, que es una institución
fundamental para el resguardo del orden público".
Por su
parte, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle
Bachelet, señaló que "el informe recomienda que se establezca un mecanismo
de seguimiento, que involucre a nuestra Oficina Regional para América del Sur,
con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil,
para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas
en este informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales
de derechos humanos".
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