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Política

Informe de la ONU es lapidario con el Estado de Chile: “Hay un elevado número de violaciones graves a los DDHH”

El documento de 30 páginas detalla extensas alegaciones –con ejemplos específicos- de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual por Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales habrían sido detenidas arbitrariamente.


 Por La Tribuna

PROTESTA PROFESORES (85)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe sobre Chile publicado el viernes, afirmó que, durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia, Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza.

El informe de 30 páginas fue elaborado por un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dedicó las tres primeras semanas de noviembre a investigar la situación en siete regiones de Chile. Detalla extensas alegaciones –con ejemplos específicos- de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual por Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales habrían sido detenidas arbitrariamente. Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad.

LAS CONCLUSIONES

El informe señala que, a partir de información recogida de una amplia variedad de fuentes, “Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.

Durante su misión, el equipo documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de Carabineros y militares. Señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas con cientos de este tipo de casos.

Basándose en información del Ministerio Público, que ha dicho que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura que pudo verificar la información sobre 11 de estas 26 muertes. De estas 11, el informe afirma que cuatro casos constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”. En dos de estos casos, se señala que “parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia. Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”. 

El informe cita la cifra del Ministerio de Justicia de 4.903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, incluidos 2.792 oficiales de Carabineros, pero hace notar que otras fuentes sugieren la existencia de un mayor número de personas heridas. Señala que hubo un “uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente.”

Según el informe, el número “alarmantemente alto” de personas con heridas oculares o faciales (aproximadamente 350) demuestra que hay razones fundadas para creer que “se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas”. Señala asimismo que, si bien las heridas oculares resultaron principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno.”

El informe señala que las autoridades “tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre. Sin embargo, no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”. Por otra parte, el informe hace notar varios fallos recientes de Cortes de Apelaciones en todo el país que han restringido el uso de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas, y que también han limitado o prohibido el uso de gases lacrimógenos en ciertos lugares (por ejemplo, hospitales).

Entre las recomendaciones al Estado de Chile, el informe recomienda “el cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlas las manifestaciones.” También hace un llamado a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea “estrictamente necesario, y nunca dentro de establecimientos educativos y de salud”, añadiendo que los oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso adecuado de gases lacrimógenos, incluido asegurando que los cartuchos de gas lacrimógeno siempre “se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales”.

REACCIONES

Desde La Moneda comentaron inmediatamente el informe de la ONU en la misma línea que lo ha hecho con los anteriores.  El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, aseguró que “ninguno de los informes de organismos internacionales plantea que hayan habido violaciones graves y sistemáticas, por eso tenemos que revisar los informes, ver las conclusiones, cómo mejorar procedimientos internos. Es un tema que no solo tiene interés en el gobierno, sino también en Carabineros de Chile, que es una institución fundamental para el resguardo del orden público”.

Por su parte, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que “el informe recomienda que se establezca un mecanismo de seguimiento, que involucre a nuestra Oficina Regional para América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en este informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos”.

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