martes 20 de agosto, 2019

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Contraloría decidirá el futuro del administrador municipal en Quilaco

Tras conocerse públicamente el resultado de una reunión extraordinaria solicitada por concejales quilaquinos al alcalde Fredy Barrueto, donde se solicitaba la remoción de uno de sus funcionarios de confianza, todo quedó en el aire según los entredichos de ambas partes. Ahora el organismo contralor es el encargado de dirimir.


 Por Marcela Vidal

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Luego de la polémica por la petición de los concejales de Quilaco de solicitar la remoción del administrador municipal Bernes Toloza, en el Concejo municipal ordinario hoy se dio lectura al acta que contenía lo sucedido dicha audiencia, el pasado 19 de febrero.

La postura del municipio es que en aquel concejo no sostuvieron los dos tercios que exige la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual explica que se debe contar con la presencia de los seis concejales en ejercicio.

En el acta hacen presente dicha acción, que da como resultado la ausencia de quórum para obligar a Toloza a dejar el cargo. Sin embargo, en la ley citada existe una interpretación que deja una delgada línea de diferencia entre la postura oficial y la antagónica.

Según la situación explicada por los concejales, en dicho Concejo extraordinario se habría mantenido el quórum de los que estaban presentes, pero eso no lo establece claramente la ley. Finalmente, en la audiencia realizada el día martes se rechazó el acta, estableciéndose que su legitimidad la juzgará la Contraloría.

 

REACCIONES MUNICIPALES

Sobre esto, el principal afectado Bernes Toloza manifestó que “tal como ha salido en los medios estos días, algunos concejales solicitaron la remoción del administrador municipal, tal como establece el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; ese mismo artículo establece que para remover al administrador municipal se necesitan dos tercios de los concejales en ejercicio, y la Contraloría, que es el ente fiscalizador que además interpreta la normativa, ha establecido que los dos tercios de los concejales en ejercicio incluyen el voto del alcalde, es decir, en el caso de Quilaco tenemos seis concejales más el alcalde, tenemos siete miembros del Concejo municipal, lo que implica que los dos tercios son cinco votos para removerlo, como lo expliqué en la sesión ordinaria de Concejo municipal”.

Según agregó el actual administrador, esa solicitud tuvo cuatro votos a favor, por lo tanto, no tuvo el quórum suficiente para lograr la moción.

Agregó que “tenemos plena certeza jurídica de eso porque además todos los dictámenes de Contraloría así lo ratifican, pero sin desmedro de aquello hemos decidido, en conjunto con el alcalde de la comuna, enviar la consulta a Contraloría para que sea el ente fiscalizador el que ratifique la postura que tiene el alcalde Fredy Barrueto y la ilustre Municipalidad de Quilaco, por lo que seguimos trabajando con pleno respaldo del alcalde con el equipo de confianza, por supuesto, y nos vamos a centrar en seguir trabajando por el bien de la comuna”.

En medio de esto anunció que cuando dicho pronunciamiento esté ratificado, lo van a hacer público, por la confianza que guardan en Contraloría.

CONCEJALES DIVERGENTES

En tanto, el concejal independiente Manuel José Almendra dijo que se mantienen en espera del pronunciamiento de Contraloría, luego de que el pasado lunes entregaron una denuncia formal para solicitar esto con el objetivo de marcar algún precedente respecto a la situación que atraviesan en los últimos días.

“Nosotros estamos claros y confiados en que nuestro argumento es válido porque la Corte Suprema, en su minuto, dejó en claro que el alcalde no tiene categoría de concejal, y eso lo podemos leer en la ley y está explícitamente marcado. Y cuando desde la administración se hace esta afirmación de que el alcalde tiene la categoría de concejal, creo que se está cayendo en un análisis polarizado por la defensa institucional del municipio hacia una persona en particular, y no se hace un análisis detallado desde el punto de vista legal, por lo tanto, mantenemos nuestro argumento”.

El concejal manifestó que esperan un pronunciamiento de Contralaría a su favor, o de lo contrario, no descartan recurrir a los otros canales, incluso hasta la Corte Suprema.

Agregó que “nosotros nos hemos encontrado con una defensa superpolarizada, en este caso, del municipio, que encuentro lógica porque ellos están defendiendo su postura, pero hemos utilizado solo los espacios asociados a la aprobación o rechazo del acta, los que son pertinentes para poder expresar nuestra postura, y rechazamos el acta correspondiente a la reunión extraordinaria del día 19 de febrero; la rechazamos porque no estamos de acuerdo en cómo en este caso el secretario municipal de entonces asume los acuerdos del Concejo”.

El edil manifestó que “encontramos que se hace un análisis sesgado de la ley, y obviamente para favorecer las pretensiones directas de la administración municipal; nosotros estamos para convenir acuerdos de Concejo de manera trasversal, más allá de lo político”.

En tanto, Jaime Sanhueza, quien también rechazó dicho documento, dio a conocer que “en realidad mantenemos nuestra misma posición; creemos que de acuerdo a la normativa que se planteó hoy en el Concejo ordinario, nos ajustamos a derecho y creemos que tenemos los votos, lo que en realidad requiere la ley, y creemos que esa votación está plasmada en el Concejo extraordinario; hoy se suscitó la situación de que el acta que suscribió el secretario carece de este acuerdo de Concejo en el sentido de legitimar nuestra votación, y mantienen obviamente su posición de incorporar el voto del alcalde con dictámenes de Contraloría que nosotros creemos que no se ajustan a derecho y que son arbitrarios ilegales; básicamente eso se dio hoy”, manifestó el funcionario, quien al igual que Almendra, puntualizó que esperan llegar hasta la última instancia.


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