Centros PRAIS de la provincia rechazan beneficio otorgado a condenados por DDHH

Su rechazo al beneficio penitenciario de libertad condicional otorgado por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema a oficiales en retiro del Ejército y Carabineros, recluidos en el penal de Punta Peuco por causas de Derechos Humanos, expresó el Centro de Auto Ayuda de Usuarios PRAIS de la provincia de Biobío.

Para la organización, la medida no corresponde dado que los ex uniformados no han mostrado signos de arrepentimiento de los delitos que cometieron y por los cuales fueron condenados.

“Y el hecho de haber estado cumpliendo su condena en una cárcel especial como es Punta Peuco, donde reciben un trato como condenados especiales del sistema penitenciario, por ser ex agentes del Estado”, se lee en un comunicado enviado por la agrupación.

Otra de las razones esgrimidas por el centro PRAIS para rechazar el beneficio otorgado a los ex oficiales del Ejército y de Carabineros, son las millonarias jubilaciones que estarían percibiendo, pese a las condenas recibidas.

En este sentido, el tesorero de la organización, Juan Carlos Arias, recalcó que “las víctimas de represión política por las violaciones a los derechos humanos les pagan una pensión miserable”.

“Ellos dieron muerte a personas, por lo menos, debieran decir donde están sus cuerpos, haberlos entregado, haber cooperado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, pero no han hecho nada”, aseveró el dirigente.

En la declaración difundida por el programa PRAIS en Biobío se asegura que la medida adoptada por la Corte Suprema contraviene normas nacionales e internacionales, entre la que se encuentra aquella que dice “que es necesario el arrepentimiento eficaz y la colaboración con la justicia”.

El documento, firmado por los centros PRAIS de Quilleco, Mulchén, Santa Bárbara, Cabrero, Nacimiento, Canteras y Los Ángeles, precisa además que el beneficio dado a los ex uniformados recluidos en Punta Peuco, “está estableciendo la impunidad de estos criminales, con lo cual la institucionalidad del país no estaría de acuerdo con los estándares internacionales de justicia”.