Califican como triunfo rechazo a "decreto espía" por parte de Contraloría

Como un triunfo ciudadano catalogó el senador Felipe Harboe la resolución de la Contraloría General de la República que rechazó el llamado “decreto espía”, que buscaba modificar el reglamento vigente sobre interceptación de comunicaciones telefónicas, y de otras formas de comunicación.

El parlamentario PPD, junto al senador Hernán Larraín, presentaron un escrito al contralor de la República en septiembre de este año, haciendo presente su disconformidad con dicho decreto, donde se argumentaba que la Constitución política garantizaba la privacidad en las comunicaciones, razón por la cual, cualquier limitación o afectación a ésta debiese establecerse por ley, no por decreto.

“Este es un gran triunfo ciudadano”, señaló el senador Harboe, tras conocer la decisión tomada por la Contraloría. “Presentamos nuestros argumentos en un contundente escrito frente al contralor General de la República porque consideramos no era adecuado que, a través de un decreto, el Gobierno pretendiera ampliar el plazo para almacenar nuestras conversaciones telefónicas”, explicó el legislador.

El parlamentario indicó que dicha iniciativa “violaba el principio de legalidad y afectaba un derecho ciudadano: el de la protección de datos personales”.

“Los que hemos dado esta pelea estamos muy contentos de que el contralor haya aceptado nuestros argumentos y rechazara el decreto espía. Esto es un avance para consolidar la protección de datos personales como un derecho”, manifestó Harboe.

RESOLUCIÓN CONTRALOR DE LA REPÚBLICA

En su resolución, el contralor General del República, Jorge Bermúdez, determinó que la controvertida normativa “no se ajusta a derecho”, ya que excede las normas del Código Procesal Penal, situación que, cabe señalar, ya había sido advertida por distintos abogados y representantes de organizaciones como la ONG Datos Protegidos.

El polémico decreto fue una iniciativa impulsada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y buscaba modificar el reglamento vigente sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación, lo que en la práctica obligaba a las compañías proveedoras de estos servicios mantener durante dos años a disposición de las policías y la Fiscalía la información de llamados y conexiones de todos los ciudadanos.