La comisión especial de seguridad ciudadana, presidida por el senador Felipe Harboe, sesionó de manera especial para abordar la falla detectada en el Registro de Inhabilitaciones por abuso sexual de menores, tras la cual se decidió oficiar a la Corte Suprema para clarificar el número de veces que esto ha sucedido, así como si se han tomado medidas sancionatorias al respecto.
El error, “genera dudas respecto a la veracidad del registro”, expresó Harboe. “Creamos por ley un registro muy detallado que permite a cualquier ciudadano consultar si una persona ha sido condenada o no por delitos sexuales, y no corresponde que haya jueces, en este caso siete jueces, que no inscribieron a esos condenados en el registro especial de condenas, manteniéndolos habilitados para ejercer cargos y funciones con menores de edad, lo que es gravísimo”, declaró el parlamentario.
En la sesión, se recibió al director de la ONG No Más Abusos, José Fuentes, quien entregó antecedentes que permiten establecer la existencia de casos adicionales a los ya dados a conocer, revelando “un problema grave de incumplimiento de la ley. Sea por parte de los jueces o del Registro Civil”, dijo Harboe.
En este sentido, el senador explicó que en algunos casos, fueron los jueces los que decidieron no instruir la inscripción de los sentenciados en el registro de pedófilos, y otros en los que el Registro Civil no llevó a cabo dicha inscripción, a pesar de la solicitud del juez.
Razón de ello, es que en la próxima sesión se invitará al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y al director nacional del Registro Civil, Jorge Álvarez, y así se puedan exponer las opiniones del caso.
Además, el senador Harboe informó que se oficiará a la Corte Suprema “para que nos establezca cuáles son los casos en que esto se ha producido, si se han ejercido acciones judiciales o se ha perseguido responsabilidad administrativa de los jueces.”.
“El artículo 223 del Código Penal es claro. Hay un delito de prevaricación del juez, cuando falla contra ley expresa, en consecuencia podría tipificarse un delito de algunos jueces que no han realizado estas gestiones”, manifestó el legislador.