Senador Harboe llamó al gobierno a no entregar tierras a comunidades indígenas que protagonicen hechos de violencia

El primer semestre del año 2016 no ha estado exento de una alzada de violencia en el sur del país. De hecho, los atentados incendiarios comenzaron el primer día del año en Alto Biobío y se han desplegado por distintas localidades de la región y la Araucanía, en donde Iglesias, camiones y predios han sido atacados, sin que hasta ahora, se conozcan condenados por los casos y tampoco exista un pronunciamiento del gobierno en esta materia.

Por esta razón, La Tribuna se contactó con el senador Felipe Harboe (PPD), para conocer su opinión al respecto y también los pasos que está realizando como parlamentario por la zona, para detener la situación.

 

¿Cuál es el análisis que usted hace en relación a este tema? Y ¿por qué no se le toma el peso que tiene este problema en La Moneda?

Yo creo que el centralismo de Chile no sólo tiene que ver con las decisiones, también tiene que ver con la información. Probablemente no es noticia para los medios de comunicación nacionales o para la política instalada en el Palacio de La Moneda cuando se produce un atentado en Alto Biobío o en la Provincia de Arauco, porque resulta más grave comunicacionalmente hablando, consignar hechos de violencia menores que ocurren en Santiago y eso habla obviamente del nivel de centralismo. Por eso, hemos estado junto al senador Víctor Pérez, intentando poner este tema en la agenda del Palacio de La Moneda, a través del subsecretario del Interior, MahmudAleuy por lo que ha ocurrido, por el incremento de hechos de violencia que han ido azotando a nuestra Provincia de Biobío.

¿Cómo podemos terminar con esta alzada de violencia?

Lo primero es que, a mi juicio, se deben distinguir dos cosas distintas. Primero en lo que se refiere a cierta reivindicación de pueblos originarios. Uno podrá tener una mesa de trabajo de conversación destinados a solucionar los problemas de reivindicación de tierras y eso me parece que es legítimo, pero, una cosa muy distinta es que se permita legitimar la violencia como una forma de justificar esas reivindicaciones. Eso me parece que no es aceptable. Por esta razón es que le pedimos como primera decisión al subsecretario, que no se entregue ningún metro de tierra a comunidades o personas que han participado de hechos de violencia, para que sepan aquellos que los cometen, que el primer efecto de su decisión es que el gobierno no les va a dar como beneficio ningún metro de tierra. Solo podrán ser beneficiarios de terrenos aquellos que no hayan participado, con lo que ponemos un incentivo positivo.

Segundo lugar, se requiere un trabajo de inteligencia policial y del ministerio público que permitan identificar a los autores de estos hechos de violencia. Cuando uno conversa con algunos propietarios de predios o maquinarias afectadas o los trabajadores, son capaces de individualizar a quiénes son sus agresores. La pregunta es ¿por qué las personas que están individualizadas o a lo menos descritas físicamente no son objetos de un mecanismo probatorio? Algo está ocurriendo entre los organismo de inteligencia y los medios de prueba que al final del día, esas personas no son imputadas desde el punto de vista penal y ahí se requiere una modificación, porque si en la Provincia de Biobío hemos tenido innumerables ataques durante el primer trimestre del 2016, lo que corresponde es que los servicios de inteligencia identifiquen a los responsables. No es justo que se estigmatice al pueblo pehuenche o una determinada comunidad cuando, según la información que tenemos, también hay personas que no son de la zona, más bien de la Provincia de Arauco y que van a hacer hechos de violencia en nuestra Provincia de Biobío.

Pareciera que existe alguna aprensión por parte del Estado ya que, cuando se trata de personas indígenas que actúan con violencia, no se percibe que se aplique la justicia con igualdad como al resto de los chilenos, quizás por la presión de organismos internacionales…

Yo coincido con esto. Creo que efectivamente ha habido cuestionamientos públicos nacionales e internacionales cuando las personas involucradas en estos hechos, y que han sido imputados por estos delitos, pertenecen a los pueblos originarios. Hay que perderle el miedo a eso. La legislación, el código penal, el ministerio público, las policías, no persiguen etnias, no persiguen colores, ni credos, persiguen delitos y personas que participan en ellos y hay que actuar con la misma vara, con la misma justicia y con la misma severidad si el autor del hecho ilícito pertenece a una u otra etnia o si es de una nacionalidad u otra. No hay que tener miramientos en eso.

Aquí es donde se genera el problema ya que en el sur se han quemado inclusive iglesias y no se aplican las mismas leyes que ante un hecho similar en Santiago…

Efectivamente, yo lo he planteado. Me parece que no puede haber un doble estándar. No pueden ser más graves los delitos que se cometen en Santiago que los que se cometen en Alto Biobío, Santa Bárbara, Tirúa o la Araucanía. Creo que es la misma gravedad y por lo tanto debe actuarse con la misma severidad y ponerle los recursos humanos, logísticos y tecnológicos para perseguir a esos autores de delitos, delincuentes.

¿Cree que podría haber desde el Congreso, la creación de una legislación un poco más dura que permita reducir la violencia del sur?

Hoy no es un problema de ley. Las leyes establecen sanciones muy altas. El delito de incendio es uno de los que tiene mayor sanción en el código penal. Uno podrá poner las penas del infierno en una ley, pero el problema no está en las penas, está en que en la incapacidad del sistema policial y persecutorio de identificar a los responsables. Yopodría tener una pena de presidio perpetuo calificado sin derecho a libertad, pero no saco nada si el sistema no identifica al delincuente. Yo creo que de pronto se dice que las penas son muy blandas y la verdad es que son adecuadas. El problema está en la incapacidad de perseguir eficazmente a los delincuentes.

 

¿Cuál es a su juicio el elemento principal que está fallando, los jueces o las policías?

Yo creo que cuando no se llega a resultados, es el sistema de seguridad el que falla. Efectivamente tenemos un problema que puede ser por falta de recursos, pero en materia policial tenemos una falla porque la información de inteligencia no está siendo capaz de identificar a quienes son los autores de estos delitos. En segundo lugar, en aquellos casos donde la inteligencia policial dice tener detectados a quienes son y los ha identificado, la incapacidad que tienen con la fiscalía es de transformar esa información en elemento de prueba. Ahí es donde tiene que ponerse el énfasis hoy día. Más allá de responsabilizar a tal o cual institución, lo que nos corresponde es ponernos a disposición.

Al principio de la entrevista, nos indicó que por la agenda que llevan en Santiago a través de los medios de comunicación nacionales el gobierno no le toma la debida importancia a lo que ocurre en el sur del país, ¿cómo lo hará usted como senador para canalizar este problema hasta la propia Presidenta para detener la violencia?

Para esto tengo que ser claro y riguroso. Este tema lo he trabajado con el senador Víctor Pérez. Aquí no hay miramientos políticos. La violencia cuando afecta, afecta a personas. No nos importa si son de derecha, centro o izquierda y por lo tanto hemos actuado en conjunto en esta materia  y le hemos entregado al Subsecretario, quien es la persona que está directamente encargada por la Presidenta de la república, un conjunto de informaciones que creemos que es relevante para estos efectos y nos hemos puesto a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario. Obviamente no nos van a informar el estado de las investigaciones porque no nos corresponde, pero creo en el fiscal Contardo cuando dice que habrá resultados en las investigaciones. A mí lo que más me interesa es que haya resultados positivos y las personas que hayan participado en hechos de violencia sean condenados.

La clave es perseguir delitos y delincuentes independientes sus credos o etnias.