Hoy deciden las sanciones a quienes infrinjan la Ley de financiamiento en la política

En una especie de “triángulo de las bermudas” se percibe la donación monetaria que realizan las empresas a los candidatos en campaña electoral. Los aportes que, escasamente son trasparentados ante la ciudadanía, ya podrán ser conocidos por el Tricel, informó el senador Víctor Pérez Varela, miembro de la comisión de Probidad y Transparencia, quienes hoy están evaluando la posibilidad de establecer penas de multas y cárcel para quienes no respeten las nuevas reglas.

Para hoy quedó pendiente la definición que hará el mencionado organismo del Senado, respecto de las sanciones que se impondrán a quienes infrinjan la ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, más conocida como Ley de financiamiento de la política. Ello, luego que en la última sesión discutieran diversas alternativas de sanciones.

Cabe recordar, que la Comisión ha aprobado gran parte de la iniciativa y sólo restan algunas definiciones, las que podrían quedar zanjadas durante esta jornada.

Según explicó Víctor Pérez, integrante de la citada instancia legislativa, se estima que las infracciones graves sean castigadas con la pérdida del escaño. “Esta es la última instancia porque se va a concluir todo lo que es el proyecto de ley sobre transparencia y financiamiento de las campañas políticas, efectivamente se establece por primera vez en la legislación, los delitos de carácter electoral que antes no existían, como por ejemplo, el que otorgue y el que reciba financiamiento que supere en un 50% lo establecido en la ley; será delito, así como recibir dinero de personas jurídicas, lo que está absolutamente prohibido”. 

El senador, precisó que el proyecto contempla importantes  sanciones a quien la transgrede. “Hasta hoy, cuando existía el delito, sólo habían sanciones de carácter tributario y ahora, además de eso, va a ser un delito electoral que será sancionado con penas de cárcel, con multas y cesación en el cargo. En la ley es claro cómo se puede financiar una campaña, quien puede aportar quien no, los montos y quien hace esto por fuera, entonces esperamos que la ley inhiba acciones de esa naturaleza”, explicó.

Aclaró que los aportes que reciban los candidatos, serán monitoreados. “Hay cambios muy sustantivos, por ejemplo, los candidatos va a estar obligados abrir una cuenta que será monitoreada por el Servel y todos los aportes fiscales y particulares van a ser subidos en tiempo real a una página web, salvo de los aportes anónimos, que no serán bajo el anonimato para el servicio electoral”.

SERVEL DEBE CRECER

Se espera que con la entrada en vigencia de esta ley, la ciudadanía pueda recobrar algo de confianza en la clase política. Sin embargo, Pérez Varela expresó que para que la tarea sea realizada, es importante dotar con más personal al Servicio Electoral. “Estamos trabajando para que esto opere en abril del próximo año, pero si tenemos una diferencia con el gobierno, creemos que al otorgar mecanismos de transparencia al Servel se requiere un servicio con capacidad y en eso hemos avanzado parcialmente. Existe autonomía constitucional, pero el gobierno no ha requerido otorgarle los recursos necesarios para que exista una planta de funcionarios con capacidad”.

El gremialista, aclaró que el servicio debe estar dotado al igual que otras instancias como el SII. “Esperamos que el gobierno recapacite, necesitamos un organismo robusto. Con esta ley las atribuciones van a crecer al doble, por lo tanto, debe tener capacidad técnica como los es el Servicio Electoral. Por ejemplo, hoy la región del Bío Bío tiene 14 funcionarios y con el proyecto de ley con suerte va a llegar a 19. El Servel va a tener que fiscalizar, a lo mínimo, a 116 alcaldes, van a tener que monitorear sus cuentas, sus gastos y con 19 funcionarios no se va a tener la capacidad”.