martes 18 de junio, 2019

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Financiamiento de campañas y partidos políticos se discutirá en agosto

Los senadores, dos de ellos de la provincia de BíoBío, estudiaron los alcances generales de la propuesta haciendo ver su preocupación respecto a cómo se fiscalizará la norma que propone, entre otras materias, limitar el gasto electoral.


 Por PIA SALCEDO

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En forma unánime, los integrantes de la Comisión Especial encargada de conocer los proyectos relativos a Probidad y Transparencia, aprobaron el proyecto en segundo trámite sobre financiamiento y transparencia de la democracia.

Ahora la Sala será la encargada de analizar el texto. En paralelo, el lunes 10 de agosto –entre las 09 y las 18 horas- se realizará una jornada de audiencias donde se recibirán diversos actores para debatir acerca del gasto, propaganda y fiscalización electoral.

Esta mañana, la instancia se reunió con la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Patricia Silva para conocer la propuesta. Tras la exposición de la autoridad, los parlamentaros hicieron ver sus dudas coincidiendo respecto a las dificultades prácticas que tendría la fiscalización de la norma.

Cabe recordar que la iniciativa define qué se entenderá por propaganda electoral y por gasto electoral. También se refiere al financiamiento de los partidos, y las funciones y atribuciones del Servicio Electoral (Servel); mientras que sus artículos transitorios regulan diversos aspectos entre ellos, la actualización del registro de afiliados.

La sesión que se desarrolló en las dependencias del Ex Congreso Nacional en Santiago, fue transmitida por las pantallas de TvSenado.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

La subsecretaria Patricia Silva manifestó que este texto “es esencial al conjunto de normas de la agenda de reformas políticas (…) El escenario actual es relevante por la baja confianza de la ciudadanía en sus instituciones, particularmente los partidos políticos”.

“Hoy la estructura del financiamiento es privado y lo estatal esmarginal. El sistema legal que nos rige es poco transparente porque el 90% de los aportes es reservado o anónimo. Por eso queremos un modelo distinto donde lo fuerte sea público”, sintetizó la autoridad.

Dos de los aspectos importantes de la propuesta son que se rebaja el límite del gasto electoral y se termina con el aporte de las personas jurídicas. “Los candidatos deberán hacer su declaración de intereses y patrimonio, eso es nuevo (…) Cada candidato y partido deberá abrir una cuenta corriente pública, y serán públicos los aportes en tiempos no electorales, como también los de los institutos asociados”, relató.

En cuanto a fomentar la candidatura de mujeres, se incrementará el reembolso del Estado en estos casos. En cuanto al control del finamiento se estipula que no entregarán los aportes públicos en el caso de que los partidos tengan alguna mora con el fisco o el Servel.

Respecto a este último, se informó que el Ejecutivo presentará una indicación con el fin de materializar algunas funciones que se entregarán a este servicio.

CONSULTAS

PRO ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El senador Alejandro Guillier apuntó a la necesidad de establecer entidades fiscalizadoras, dada la complejidad del texto. “También quiero hacer ver que todo esto se refiere a partidos políticos con representación electoral. Este diseño piensa en la estructura institucional y no con los movimientos que precisamente critican aquello”, comentó.

“A mi juicio no tiene sentido fijar fechas respecto a determinar en qué momento se está en campaña o no. Creo que los partidos siempre lo están. En otro tema se habla de un fondo con piso mínimo y máximo, y creo que hay un riesgo ahí respecto a la base electoral pequeña. A su vez quiero saber si se van a transparentar los gastos reales versus los declarados”, confesó.

DATOS IMPRECISOS

El senador José García Ruminot mencionó la realidad de los candidatos pequeños. “Me preocupa que seguimos agregando cargos de elección popular con los costos que implican las campañas y no nos preocupamos de su financiamiento”, explicó mencionando que “no sé si esos aportes van a ser los mismos que los que existen”.

El parlamentario advirtió respecto a la veracidad de los datos electorales. En su caso, detalló que existen importantes diferencias en la región que representa (La Araucanía) en cuanto al número de electores y los distritos. “No hay estadísticas fiables, quiero que se precisen bien”, solicitó.

FISCALIZACIÓN “AL DEBE”

El senador Víctor Pérez Varela relevó que el proyecto es un esfuerzo coherente. “Quiero referirme a la situación de los independientes que se ven perjudicados con esto del financiamiento de las campañas, lo que está en la línea con proyectos ya aprobados, que puedo no compartir”.

El legislador también dijo no conocer la nueva estructura del Servel, considerando la actual capacidad funcionaria que parece ser muy limitada. “Tenemos que llegar a un sistema transparente y fiscalizable, eso es lo esencial. Tengo dudas respecto a lo último”, confesó.

IMPOPULAR PERO NECESARIO

El senador Felipe Harboe avanza en reponer el rol del Estado en el fortalecimiento de la democracia. “Esto parece impopular pero es tarea del Estado buscar mecanismos para apoyar a los cuerpos intermedios de la sociedad. La gente desconfía de los políticos y entregarles recursos públicos siempre será molesto, pero es un imperativo necesario”, confesó.

Respecto del gasto electoral dijo ser partidario de reducirlo, sin embargo admitió que “me preocupa cómo se va a materializar cada aspecto y si esto se va a prestar para la elusión”. Asimismo reconoció que “los candidatos nuevos tendrán graves problemas para darse a conocer en este nuevo esquema”.

APORTES EMPRESARIALES

El senador Ignacio Walker recordó el espíritu práctico de la propuesta considerando que es prioritario su despacho. En abril del 2016 comenzarán las campañas municipales, por lo que el texto debería estar aprobado en enero o febrero.

En cuanto al no aporte de personas jurídicas, el parlamentario se mostró de acuerdo, no obstante “quiero hacer ver una opción que planteó la CPC que es generar un fondo ciego donde las empresas aporten a un fondo ciego donde los dineros se distribuyan por las preferencias de la ciudadanía”.


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