Parlamentarios locales se enfrentan por Reforma Laboral

Como el equilibrio entre trabajadores y empleadores al momento de negociar, ha sido llamada la iniciativa por parte del Gobierno que busca modificar el Código del Trabajo en materia de derechos colectivos e, incluso, se han referido a ella como “demandas impostergables”.

Esta opinión ha sido compartida por el mundo sindical, pero no por el empresariado. Esta dispar opinión se manifestó en las 819 indicaciones que fueron presentadas en el ingreso del proyecto al Congreso, por lo que desde la oposición criticaron la postura del Ejecutivo ante la discusión de la iniciativa.

Pero, ¿qué cambio significativo implica la reforma? La Tribuna resumió algunos puntos principales.

-Los beneficios: para los sindicalizados, las mejoras adquiridas en el marco de una negociación colectiva se otorgarán a los trabajadores sindicalizados. También se extenderán a los trabajadores que se afilien con posterioridad. Los no sindicalizados podrán acceder al nuevo contrato, de manera parcial o total, sólo previo acuerdo del sindicato y del empleador.

-Sindicato como titular: la reforma contempla la prohibición de grupos negociadores en aquellas empresas con sindicato. Estos, a su vez, negociarán colectivamente en representación  de sus afiliados; sin embargo, los trabajadores podrán afiliarse y desafiliarse libremente y en cualquier oportunidad.

-Acceso a la información: se indica que el empleador deberá proporcionar a sus sindicatos información sobre balances de la empresa, estados financieros y otros antecedentes de carácter público que ponga a disposición de la Súper Intendencia de Valores y Seguros dentro de los 30 días siguientes a su generación.

-Simplificación del procedimiento: se simplificará la negociación colectiva, reconociendo el principio de buena fe. El nuevo procedimiento considera las siguientes etapas: solicitud de información a la empresa para preparar la negociación, presentación del proyecto de contrato colectivo, respuesta del empleador, período de negociación y votación de la huelga. En paralelo, se fortalecerán los instrumentos y opciones de mediación estableciendo que las partes, en cualquier momento, tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo por las partes; obligatoria (una vez votada la huelga y a petición de cualquiera de las partes) y forzada (en los casos de incumplimiento del principio de buena fe, por ejemplo, ante la falta de información o no asistir a reuniones convenidas).

-Derecho a huelga y servicios mínimos: la iniciativa elimina la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga con trabajadores propios o externos de la empresa. Propone un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir la huelga, estableciendo el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. También incorpora un procedimiento de arbitraje obligatorio para los trabajadores de empresas que no puedan ejercer el derecho a huelga y las de menor tamaño, a cargo de un cuerpo arbitral que estará regido por una nueva regulación.

-Piso de la negociación: la respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no podrá contener estipulaciones menores al piso de la negociación, constituido por el contrato colectivo vigente. En el caso de que este instrumento no exista, la base será la respuesta del empleador. Se excluyen de este piso la reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de negociación.

Eso sí, después de presentada la respuesta del empleador, las partes podrán, en virtud de las condiciones económicas de la empresa, negociar modificaciones al piso de la negociación.

-Adaptabilidad pactada: las partes podrán negociar pactos de condiciones especiales de trabajo en las empresas en que exista una afiliación sindical, en régimen, del 30% del total de trabajadores de la empresa. La aplicación de este filtro será gradual ya que, para poder ampliar las materias a negociar, se exigirá en el primer año de vigencia un 65% de afiliación sindical; en el segundo año, un 50%, y en el tercer año, un 40%. Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de adaptabilidad.

-Permisos sindicales: las horas para hacer actividades sindicales que en la actualidad se denominan “permisos sindicales”, se llamarán ahora “horas de trabajo sindical”. Se ampliarán las horas de trabajo sindical para capacitación y formación sindical en las grandes empresas, de una a 3 semanas al año.

-Igualdad de oportunidades: el Gobierno busca garantizar la integración de una trabajadora asociada a la organización u organizaciones que negocian en la comisión negociadora laboral, en el caso de que conforme las reglas generales ésta no esté integrada por ninguna mujer. Para ello, se deberá elegir una representación femenina para integrarse a la comisión, de conformidad a los respectivos estatutos. Por ello, también incorporará el derecho de los sindicatos a solicitar a la empresa información sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.

-Más cobertura: se elimina la actual prohibición de negociar a trabajadores aprendices -en grandes empresas-, por obra o faena transitoria y cargos de confianza. En este último punto se estipulará una restricción general que sólo afectará a quienes tengan facultades expresas de representación y administración de la empresa, como gerentes y subgerentes.

A FAVOR Y EN CONTRA

En el ámbito local, visiones encontradas tiene el senador Felipe Harboe, quien apoya la medida, frente a su símil UDI, Víctor Pérez Varela, con una visión completamente dispar.

VÍCTOR PÉREZ VARELA

-¿Apoya la reforma?

No. Creo que esta es una muy mala reforma para el país y que, lejos de beneficiar a los trabajadores, los va a perjudicar, ya que es un proyecto que no incentiva la creación de empleo, que es lo que justamente necesitamos hoy en el país. Lamentablemente, en este ámbito, como en otros, el Gobierno ha caído en una demagogia que está provocando graves problemas que están a la vista con un desempleo en alza y un crecimiento económico muy por debajo de lo que Chile puede lograr.

-¿Incentiva el sindicalismo en Chile?

El problema del proyecto de ley es que favorece a las cúpulas de los sindicatos y no a los trabajadores que están afiliados a ellos. Es importante que en las empresas existan organizaciones de los trabajadores, porque eso ayuda a que existan interlocutores válidos y así se fortalecen las relaciones al interior de las empresas. Pero es imprescindible que exista equilibrio y, lo más importante, salvaguardar la libertad de los trabajadores a ingresar o no a una asociación sindical.

-Varios sectores productivos de la provincia informan que la reforma no se ajusta a sus realidades, ¿qué opina?

Creo que efectivamente es así. Y no sólo pasa en la provincia de Bío Bío, sino que en todo el país, lo que demuestra que este es un muy mal proyecto.

FELIPE HARBOE

-¿Apoya la reforma?

Sí, ya que la reforma es una necesidad imperiosa que viene a mejorar las negociaciones de los trabajadores en procesos de mejoramiento de sus remuneraciones, tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Más del 60% de los trabajadores gana menos de us$1000 mensuales, y eso habla de bajas remuneraciones, lo que tiene que ver con la escasa capacidad de negociación. Durante 2014, más de 174 negociaciones se realizaron al margen de la ley y esto habla de un nivel muy alto de conflictividad.

-¿Incentiva el sindicalismo en Chile?

Completamente. Las más de 60 audiencias estipulan que esto busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Este proceso se ha realizado de forma participativa.

Cuando la reforma esté ad portas de ingresar al Senado se escucharán las diversas posiciones, ya que el objetivo es mejorar la capacidad de negociación de los sindicatos. 

-Varios sectores productivos de la provincia informan que la reforma no se ajusta a sus realidades, ¿qué opina?

Es importante que la reforma, por un lado, beneficie a los trabajadores y genere un mejor clima entre las empresas y, a la vez, contenga ciertas particularidades como las de ciertos sectores, como el rubro forestal, que es muy singular, o como en la agricultura, que tienen jornadas laborales muy distintas. Por lo tanto, se requiere establecer normas al respecto, las cuales se van a introducir a debate en el Senado.

TRABAJADORES SE MANIFIESTAN

El martes 21 de abril se realizó un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, el Sindicato Nacional de la Construcción, la Unión Portuaria de Chile, la Federación de Trabajadores Forestales y sindicatos del comercio y servicios, respaldados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Durante la jornada, un grupo de manifestantes cortaron el tránsito en variadas intersecciones de la capital para manifestar su descontento con la reforma laboral que se tramita en el Congreso.

La protesta se suma a los cortes de tránsito realizados por la Confederación de Trabajadores del Cobre en la minas Las Cenizas y El Soldado, en la Región de Valparaíso; Los Bronces, en la Región Metropolitana; El Teniente, en la Región de O’Higgins, y Radomiro Tomic y Chuquicamata, en la Región de Antofagasta.

Los trabajadores buscaron expresar su rechazo al proyecto que, a su juicio, está incompleto en materia de titularidad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga.

Es por eso que buscan incorporar la negociación colectiva interempresa, establecer un piso mínimo con IPC, corregir el funcionamiento de servicios mínimos en la huelga y eliminar los pactos de adaptabilidad laboral.