La Fiscalía Local de Ovalle formalizó la investigación contra un hombre de 29 años, detenido por personal de Carabineros del Retén El Palqui, en la comuna de Monte Patria, luego de que presuntamente incumpliera una orden judicial que le prohibía aproximarse a una mujer con quien había mantenido una relación de convivencia.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el imputado habría llegado hasta el lugar de trabajo de la víctima, pese a la prohibición vigente, y utilizando un arma de fuego la habría amenazado para posteriormente sustraerle su teléfono celular.
Tras la denuncia, personal de Carabineros logró detener al individuo en su domicilio. En el procedimiento, los funcionarios policiales habrían encontrado dos armas de fuego prohibidas, de tipo hechiza, además de municiones. Asimismo, se logró recuperar el teléfono celular sustraído a la víctima.
El abogado asistente de la Fiscalía Local de Ovalle, José Tolosa, explicó que el imputado fue llevado ante el tribunal para responder por una serie de delitos derivados de los hechos.
"Posteriormente, fue detenido por el personal de Carabineros en su domicilio, donde mantenía dos armas prohibidas, tipo hechiza, y se recuperó el teléfono de la víctima", señaló el representante del Ministerio Público.
En concreto, la Fiscalía le imputó los delitos de robo con intimidación, desacato, tenencia de municiones y tenencia de arma de fuego prohibida.
A estos antecedentes se sumó que el detenido mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por causas relacionadas con lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
Considerando la gravedad de los hechos investigados, la existencia de una medida judicial que le impedía acercarse a la víctima y los antecedentes vinculados a la tenencia de armamento, el Ministerio Público solicitó que el imputado quedara sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
La petición fue acogida por el Juzgado de Garantía, que determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su ingreso a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
El tribunal estableció además un plazo de 60 días para el término de las diligencias investigativas, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
