Una investigación de siete meses permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) desarticular una estructura criminal vinculada, al menos, a 13 delitos contra la propiedad cometidos en distintas comunas del país, varios de ellos en Los Ángeles.
El operativo, desarrollado en coordinación con el Ministerio Público, movilizó a cerca de 90 funcionarios y terminó con 15 personas detenidas, además de la recuperación de vehículos, incautación de drogas, armas y especies asociadas a los ilícitos.
La investigación fue liderada por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Los Ángeles, en el marco de la estrategia institucional CROM, orientada a enfrentar los robos, organizaciones criminales y mercados ilícitos.
La jefa regional de la PDI del Biobío, prefecta inspectora Claudia Chamorro, explicó que el trabajo investigativo permitió establecer la existencia de una estructura delictiva a partir del análisis de distintos hechos registrados en Los Ángeles, Chillán, Concepción y la zona norte del país.
De acuerdo con Chamorro, el despliegue operativo contempló 12 órdenes de detención y de entrada y registro en inmuebles de Los Ángeles, Concepción y Copiapó. En la capital provincial de Biobío se concretaron seis procedimientos de este tipo, mientras que otros cinco se realizaron en Concepción y uno en Copiapó.
En total fueron detenidas 15 personas. Diez de ellas estarían vinculadas directamente con la estructura investigada, mientras que otras cinco fueron detenidas en flagrancia por delitos asociados a la tenencia ilegal de armas o municiones, microtráfico y otras especies. A esto se suma una persona que mantenía una orden de detención por un homicidio ocurrido en Los Ángeles en 2022.
La jefa regional de la PDI detalló que durante el procedimiento se incautaron alrededor de $18 millones en dinero en efectivo, más de cinco vehículos, drogas de distinta naturaleza, un arma de fuego y municiones, además de especies presuntamente vinculadas a los robos, entre ellas joyas, equipos computacionales y electrodomésticos.
El perjuicio económico provocado por los delitos investigados supera los $400 millones. A ello se suma la recuperación de otros siete vehículos durante las diligencias previas al operativo, elevando a 12 los automóviles recuperados por la BIRO de Los Ángeles en el marco de esta investigación.
Uno de los hechos que forman parte de la carpeta investigativa corresponde al robo registrado en la tienda Easy de Los Ángeles, episodio en el que, tras una colisión, terminó incendiándose un vehículo policial.
"Se logró establecer participación de esta banda en esos hechos que están siendo parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público", afirmó Chamorro.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La investigación también permitió establecer que la organización habría operado con distintos niveles y funciones.
El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, explicó que existían personas encargadas de ejercer el control y entregar instrucciones, además de financistas y otros integrantes que cumplían labores operativas.
Según el persecutor, en un nivel inferior se encontraban quienes ejecutaban directamente los delitos y otros integrantes encargados de custodiar, reducir las especies sustraídas o realizar maniobras destinadas a ocultar su origen.
Para Garrido, la operación constituye un resultado relevante de una estrategia de persecución penal desarrollada durante meses y que involucró al sistema de alta complejidad, la Fiscalía Local de Los Ángeles y la PDI.
"Éste es un procedimiento muy relevante no solo por la cantidad de personas detenidas, sino que también por la cantidad de delitos investigados y que se aclaran con estas detenciones", destacó.
El fiscal agregó que los detenidos por órdenes judiciales fueron requeridos a partir de antecedentes que permitieron vincularlos con los delitos investigados, mientras que otros fueron aprehendidos en flagrancia, principalmente por infracciones a las leyes de Drogas y de Armas.
Todos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles.
El Ministerio Público anticipó que solicitará la formalización por delitos vinculados con robos en lugar habitado y no habitado, además de eventuales imputaciones por infracciones a la Ley de Drogas y la Ley de Armas.
Garrido indicó que las medidas cautelares que se soliciten estarán determinadas por la gravedad de los hechos y la participación que se atribuya a cada imputado.
Asimismo, sostuvo que existen órdenes de detención pendientes que podrían materializarse durante el avance de las diligencias.
La fecha de la audiencia de control de detención y eventual formalización de cargos aún no estaba definida, ya que algunos de los imputados fueron detenidos en Los Ángeles y otros en distintas ciudades.
Asimismo, el Ministerio Público no descartó solicitar una ampliación para procesar toda la evidencia reunida durante el operativo.
Para la PDI, el procedimiento también representa un hito importante de la recientemente creada Brigada Investigadora de Robos de Los Ángeles, unidad cuya instalación responde al aumento y complejización de los delitos contra la propiedad en la comuna.
La prefecta inspectora Chamorro destacó que el procedimiento fue resultado de un trabajo "tremendamente sostenido" durante siete meses y advirtió que la investigación todavía permanece abierta, por lo que podrían concretarse nuevas diligencias y detenciones.
Desde el Ministerio Público, en tanto, Garrido relevó que la presencia de una estructura con funcionamiento jerárquico y capacidad para operar en distintos territorios evidencia el nivel de organización alcanzado por sus integrantes.
El persecutor recalcó que el despliegue territorial y la distribución de funciones "demuestra el peligro para la seguridad de la comunidad y la existencia de una organización de esta naturaleza dedicada a la comisión de delitos", cuyos hechos, añadió, generan un importante impacto en la población.