En una resolución que marca una pauta sobre los límites de la convivencia y seguridad escolar, la Corte Suprema ratificó la cancelación de matrícula de un estudiante de enseñanza básica perteneciente a un recinto educativo en Curanilahue, en la Región del Biobío.
Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó tajantemente el recurso impulsado por la madre del menor, quien intentaba revertir la sanción impuesta por el colegio de cara al año académico 2026.
La determinación de apartar al alumno se basó en un crítico historial disciplinario: el estudiante registró 42 anotaciones negativas en un solo año escolar. Los episodios que colmaron la paciencia de la comunidad educativa incluyeron faltas de extrema gravedad, tales como el porte de navajas en al menos dos ocasiones, agresiones físicas directas contra un compañero y la exhibición de conductas obscenas y de carácter sexual dirigidas tanto a compañeras como al cuerpo docente.
El debate judicial y los argumentos de la familia
Durante la batalla legal, la defensa de la madre se centró en cuestionar el actuar del colegio, argumentando que el niño contaba con antecedentes médicos que explicaban su comportamiento y criticando que no hubiese sido integrado al Programa de Integración Escolar (PIE).
Sin embargo, estos argumentos ya habían sido desestimados en mayo por la Corte de Apelaciones de Concepción. En esa instancia, el tribunal de alzada respaldó al establecimiento al comprobar que el colegio sí había ejecutado protocolos de acompañamiento y seguimiento, garantizando además el derecho a descargo y a solicitar la reconsideración de la medida por parte de la apoderada.
Ahora, con la ratificación de la Corte Suprema, la expulsión queda a firme. Víctor Alarcón, abogado representante del establecimiento educacional, valoró el fallo definitivo y destacó que la justicia reconoció el correcto proceder de la institución en materia de normativas internas.
"Da cuenta de que el colegio siempre se sujetó estrictamente al principio de legalidad del procedimiento que nos rige", puntualizó el jurista. Alarcón añadió que esta resolución entrega tranquilidad a la comunidad educativa, ya que "permite demostrar que, en definitiva, los procedimientos sancionatorios deben tramitarse y deben concluirse".